La Casa Rosada le pondrá tope a la discusión salarial

La muerte de Néstor Kirchner dejó sin un intermediario eficaz la relación entre la Casa Rosada y Hugo Moyano. La pauta de aumento salarial, el incremento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la posibilidad de una participación de los trabajadores en los resultados de las empresas agriarán el vínculo en los próximos meses.

El Gobierno nacional ensayará una nueva fórmula para negociar las paritarias en 2012. En lugar de fijar previamente con Hugo Moyano un porcentaje general de incrementos salariales a través del acuerdo del sindicato de Camioneros, el nuevo faro será la cifra que directamente se fije desde el Ejecutivo. Ese porcentaje debería ser menor al 20% anual; específicamente, un 18%. En teoría, el sindicalismo argentino, que represente a sectores públicos o privados, debería encuadrarse dentro de la pauta que fije el Gobierno. No más.

Durante siete años, desde 2005, la fórmula de negociación de paritarias se repitió entre el kirchnerismo y Hugo Moyano. En una reunión personal que se realizaba en algún momento entre diciembre y febrero, Néstor Kirchner y el titular de la CGT fijaban un porcentaje de incremento salarial que luego, en marzo, el camionero firmaba con los empresarios del sector. Ese porcentaje (que se ubicó según los años entre el 24% y el 28%), luego era el referente promedio que el resto de los rubros comenzaba a discutir en las rondas de negociaciones paritarias. El porcentaje, especialmente en los grandes gremios nacionales, se repitió con matices, y casi en ningún caso se desprendió demasiado de la cifra fijada por Moyano. Sólo en algunos años y en ciertas circunstancias, alguno que otro sector logró un aumento superior al faro moyanista, pero en todos ellos con justificaciones particulares. En algún año fue por la necesidad de atender atrasos en los niveles de incrementos (textiles), por problemas de internas gremiales (alimentos) o por eventuales enfrentamientos políticos con Moyano (gastronómicos), que hubo distancia entre el acuerdo de camioneros y otros gremios.

Este tipo de pacto fue una de las claves de la relación personal que elaboraron Néstor Kirchner y Moyano desde que el primero era jefe de Estado y el segundo titular de la CGT. Luego se mantuvo cuando Cristina de Kirchner llegó a la Presidencia, y el expresidente continuó llevando la relación personal con el camionero. En los últimos tres años de gestión, la fórmula se repitió, y sólo se alteró con su fallecimiento. Igualmente, este año Moyano avaló un porcentaje de incremento del 24% que luego fue repetido en casi todas las discusiones salariales.

El Gobierno buscará modificar el esquema a partir de 2012. Desde el Ministerio de Economía, luego de la elaboración del Presupuesto para el próximo año, se fijo una pauta de suba salarial que debería representar el tope para los empleados públicos del 18%. Luego, a partir de las conversaciones privadas entre los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras cámaras empresariales, ese porcentaje fue considerado aceptable por los privados para extenderlo a toda la economía nacional. Sólo en algunos casos puntuales de sectores con un muy buen ritmo de actividad, el aumento salarial de 2012 podría ser superior al 20%. La pauta del 18% incluye a Camioneros, que por primera vez en siete años, debería aceptar un porcentaje fijado por el Gobierno nacional y no plantear una meta propia.

Hasta ahora no hay indicios serios sobre si finalmente tanto Moyano como el resto de los grandes sindicatos nacionales capaces de fijar pautas de costos para toda la economía, aceptarán el 18% que tiene en mente el Gobierno nacional. Es el caso, por ejemplo, de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de SMATA (terminales automotrices y autopartistas), de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), en Comercio, los bancarios, los plásticos, los mineros, los petroleros, los telefónicos, etcétera.

Un caso aparte en el análisis merece la situación de las empresas de servicios públicos y sus sindicatos. Desde el próximo año, cuando en marzo comiencen a discutir sus aumentos salariales, ambas partes se toparán con una novedad: por primera vez en todos los años de gestión kirchnerista, el Ejecutivo no se hará cargo de los incrementos de sueldos vía subsidios. Hasta 2011, los operarios de empresas como Edenor, Edesur, Metrogas, Gas Natural Ban, Aysa, Sudamericana de Aguas, etc, discutían sus incrementos salariales directamente con el Gobierno, que era finalmente el que aportaba el dinero para las alzas al tener las tarifas congeladas. La política de desregulación del Ejecutivo lanzada en noviembre; implicará que las empresas tendrán que discutir directamente con los sindicatos los aumentos de sueldos, sin la posibilidad que sean cubiertos por el aporte de los fondos públicos. Luego, las compañías deberán rever con el Gobierno, el porcentaje de incremento que podrán aplicar a las tarifas, en lo que será un segundo aumento de estos servicios en 2012. El primero, claro será la aplicación de la política de fin de subsidios.

Otro tema relevante del panorama laboral de 2012 será la importancia de las comisiones internas en muchas empresas de envergadura. Éstas fueron desarrollándose en los últimos años, y tuvieron dos focos conflictivos en los casos de Kraft y los subtes. En los ambos, se trató de desprendimientos de grandes sindicatos (Alimentación y la Unión Tranviaria Automotor, UTA respectivamente), y generaron una nueva instancia de negociación paritaria de sectores internos por fuera de las conducciones nacionales de dichos gremios. La situación de comisiones internas díscolas con las cúpulas se repite hoy, por ejemplo, en empresas como Pepsico, Quilmes y Molinos Río de la Plata. En el caso de los subtes podría darse además la situación de un traslado en la negociación de Metrovías y los Metrodelegados, desde el Gobierno de Cristina de Kirchner al porteño de Mauricio Macri si finalmente se concreta el traslado del servicio de la órbita de la Nación a la de la Capital Federal.

En medio de todo este panorama complejo, la situación de las negociaciones laborales para 2012 dependerá también de la evolución que muestre dos potenciales conflictos dentro del capítulo sindical. El primero será lo que se describió desde el propio oficialismo como conflictos «intrasindicales». Esto es, gremios de actividades paralelas que se enfrentan entre sí en internas abiertas para lograr ventajas entre ellos. Es el caso, por ejemplo, de los múltiples gremios que representan a los operarios de las líneas aéreas (Aerolíneas Argentinas, Austral y LAN). El otro nivel de conflictividad estará dado por la decisión, o no, del Gobierno nacional de acelerar o frenar el proceso de democratización sindical, abriendo la posibilidad de la legalización de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) y sus gremios afiliados.

El Gobierno y el sindicalismo argentino tendrán además, desde el primer trimestre de 2012, una disputa clave. El terreno será el futuro del Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia. Moyano y la CGT oficial emprenderán una embestida a poco de comenzar el próximo año para subir el mínimo no imponible para la cuarta categoría (empleados directos), ubicada hoy en algo menos de $ 6.000 mensuales para los trabajadores casados con dos hijos, nivel que según el titular de la central obrera debería ubicarse en unos 12.000 pesos. Para Moyano, la situación actual hace que gran parte de los aumentos salariales de los trabajadores definidos en las paritarias de 2011 se licuen en el pago del tributo. El camionero ya había reclamado una mejora y un ajuste fuerte para fin de año, lo que fue rechazado por el Gobierno. Se sabe que, al igual que los últimos siete años, siempre el Ejecutivo decidió una suba de este mínimo. Sin embargo, para Moyano, el nivel está muy alto y el porcentaje de mejora habitual (no más del 20%) no debería repetirse en 2012 sino llevarse a no menos del 40%. Fiscalmente para el Gobierno, algo impensable.

Más lejos aún están el kirchnerismo y el camionero de avalar un eventual avance en el Congreso nacional de la ley que apunta a una redistribución de ganancias de las empresas entre sus empleados. La propia Cristina de Kirchner rechazó el miércoles 23 de noviembre pasado la alternativa durante la reunión anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí, la jefa de Estado habló de la imposibilidad de tratar este proyecto, ya que terminaría por afectar a las pequeñas y medianas empresas. Dijo además que lo que se debería negociar, eventualmente son premios de fin de año, avalados por el Ministerio de Trabajo, sin la obligación legal de este tipo de distribuciones en ganancias. Moyano, luego de escuchar este mensaje presidencial, prometió igualmente avanzar en el tema y presionar en el Legislativo para que los diputados acepten tratar la idea. Esto sería imposible sin el guiño del Ejecutivo al bloque del Frente para la Victoria (FpV).

Lo que suceda si sucede finalmente no tendrá implicancias reales hasta recién avanzado 2013. Es que como Ganancias es un impuesto anual, sólo en el ejercicio posterior al de la aprobación podría reglamentarse. Como, en el mejor de los casos, se aprobaría en 2012, recién un año después empezaría a regir.