19 de enero 2016 - 00:00

La clave para el éxito del acuerdo social: ¿6-12 meses o 18-24 meses?

En estos días se comienzan a calentar las negociaciones colectivas que tendrán mayor intensidad durante el segundo trimestre. El proceso tendrá que integrarse con el llamado a un pacto o acuerdo social en algún momento de enero o febrero. El pacto -en su mejor versión- supone que el Estado, las cámaras empresarias y organizaciones sindicales se reúnen para negociar compromisos que permitan corregir desequilibrios de precios relativos con el objeto de recuperar el crecimiento con inflación baja y estable, limitando el impacto de las correcciones de precios sobre los salarios y el empleo.

Hay varios requisitos para encaminar el acuerdo con perspectivas de éxito. Están los fundamentos macroeconómicos (programa fiscal para reducir el déficit, programa monetario consistente con escenario de inflación decreciente a partir de algún momento, políticas estructurales, comercio y competencia), junto con cuestiones más inmediatas de transición (precios regulados, impuestos, salarios y políticas compensatorias). Sobre algunas dimensiones comienzan a conocerse los objetivos del Gobierno (reducción gradual del déficit) y las acciones correctivas (drástica reducción de la emisión monetaria), mientras que sobre otras sólo se tienen lineamientos (política tributaria) o proyecciones (mejoras de productividad).

En este escenario de información imperfecta y de descubrimiento gradual de la política económica -no sólo por parte de los agentes económicos, sino de los hacedores de política que testean los límites de sus instrumentos-, cabe plantear una dimensión del "pacto social" importante para tratar de asegurar el éxito: ¿sobre qué horizonte resulta conveniente definir el "acuerdo social", un escenario corto de 6-12 meses, o uno más largo de 18-24 meses?

Asumiendo que el resto de cuestiones se van cumpliendo (el déficit cae muy gradualmente y se financia con deuda mientras que la base monetaria se contrae en términos reales), es probable que la inflación muestre un aumento transitorio (5-6 meses) y una desaceleración posterior que se prolongue durante 2017. Si ese es el escenario, sabemos que el rezago con que se mueve la política de ingresos (salarios y pensiones) llevará a una probable caída de los ingresos reales durante un tiempo, para mostrar una recuperación posterior sostenida.

Si la baja de la inflación es abrupta mejor intentar acuerdos "cortos" porque evitan introducir inflexibilidades nominales. Por ejemplo si se pasa de una inflación de 31% en el primer trimestre al 22.5% a fines de 2016 y al 14.5% a fines de 2017 (en ambos casos la media de la proyección dada por Economía), lo mejor parece ajustar salarios cada 6 meses con aumentos decrecientes. Sin embargo, si la baja de inflación es gradual -aunque sostenida- entonces lo mejor es establecer pautas decrecientes pero más largas consistentes con una caída de salario real en los primeros meses compensada luego con aumentos de salario real, consistentes con la menor inflación.

¿Cuál es el problema? Que el salario nominal es endógeno a cualquier proyección de inflación que hagamos, o sea, que no hay escenario de baja brusca de inflación sin ajustes de salarios nominales que se adecuen a esa baja. Por lo tanto es probable que la inflación no baje tan aceleradamente. De hecho enfrentamos un escenario en el que aún falta completar el impacto de la devaluación sobre Educación, Salud, Indumentaria, Energía, Transporte y muchos otros precios controlados y/o regulados. Un escenario de descenso gradual de la inflación es consistente a su vez con cambios graduales de salarios nominales. Las "anclas" nominales ya no son ni el tipo de cambio (necesario en un escenario de shock) ni los salarios, sino la reducción de la cantidad real de dinero y del desequilibrio fiscal.

Hay algo más para la negociación salarial: mientras algunos sectores tienen un bajo nivel de productividad -esto incluye a buena parte de la industria y a todo el sector público-, otros enfrentan un annus horribilis con una abrupta baja de precios y la necesidad de ajustar costos el caso del petróleo y la minería-. Finalmente otros -la producción primaria- tienen por el contrario fuertes mejoras de competitividad. Por lo tanto los ajustes salariales deberían ser bien diferentes entre sectores -aunque algunos clamen por subsidios del resto de la sociedad-. El aumento agregado sin embargo no cierra "para arriba" en un año "para abajo" en que la economía y la sociedad pugnan por volver a la normalidad.

Algunos verán una caída de actividad, empleo y salarios reales en 2016 y una eventual mejora recién en 2017, mientras que otros pueden aspirar a algo más ya en el corto plazo. Si el acuerdo social pretende fijar algunas reglas, la primera es reconocer que existen diferencias sectoriales. La segunda es exigir que los actores miren toda la película, al menos un par de años para adelante. La tercera regla es que quien convoca al acuerdo debe tener presente que la determinación del nivel de actividad, de la inversión, empleo, salarios e inflación es simultánea. Y que por lo tanto no habrá margen para "desindexar" la economía (y llegar al dígito) utilizando un único instrumento (como lo fue en el pasado el tipo de cambio).

No hay una regla general salarial para todos los sectores, ni un tiempo único en el que se ajustarán a un nuevo equilibrio sostenible. Aquéllos en problemas que pueden converger con rapidez al equilibrio deberían priorizar acuerdos cortos. Para quienes requieran de mucho más tiempo la regla debería ser coordinar ajustes más largos. El Estado tiene un papel central puesto que se trata de un agente semiquebrado que no sólo define políticas, sino que emplea al 22% de los ocupados. ¿Cuáles serán sus reglas?

Economista Jefe de FIEL

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