La Paz - Tras la condena a diez años de prisión por su rol en el golpe de Estado que destituyó a Evo Morales, la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez deberá afrontar un nuevo proceso penal por las matanzas perpetradas por las fuerzas de seguridad ocurridas en Senkata y Sacaba en 2019.
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La condenada Áñez enfrenta otro juicio
El denominado Pacto de Unidad que aglutina a las organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS, el partido de Evo Morales, actualmente en el gobierno) se declaró en estado de emergencia y anunció que presentará una nueva demanda penal contra la también exsenadora.
La acción, anunció el movimiento, también irá contra otros políticos, entre ellos el excandidato presidencial Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz de la Sierra.
“Se debe sancionar a todos los que provocaron las muertes de 2019. Queremos aclarar que la denuncia será presentada en los próximos días por la masacre que vivió el pueblo boliviano”, señalo Eve Rojas, de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Según juristas, Áñez podría recibir una nueva condena de 30 años de prisión.
Antecedentes
La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre de 2019, aunque empezó a tomar forma días antes en una reunión en la Estación Policial de Huayllani, Cochabamba, cuando el comandante Jaime Zurita le advirtió al dirigente del sector campesino de ese departamento, Jhonny Pardo: “Si ustedes ingresan a la ciudad, los voy a cazar”.
El Decreto Supremo 4078 de Áñez autorizaba a las fuerzas armadas a realizar operaciones para “restablecer el orden” y eximía a los militares de cualquier responsabilidad penal.
Cuando los manifestantes en una marcha pacífica intentaron ingresar a la ciudad de Cochabamba, fueron reprimidos por policías y efectivos de las Fuerzas Armadas, que contaban con tanquetas, dos helicópteros y una avioneta sobrevolando el lugar, causando 27 muertos y cientos de heridos.
Algo parecido ocurrió en Senkata, cuatro días después, cuando otra brutal represión aniquiló a una decena de personas durante un operativo para desbloquear el paso de combustible desde una refinería.
Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que las fuerzas militares cometieron masacres contra civiles durante la convulsión social a fines de 2019. Además, sostuvo que “hubo racismo y desprecio por la identidad indígena”.
De acuerdo con la CIDH, al menos 36 personas perdieron la vida en distintas regiones de Bolivia durante los conflictos posteriores al golpe de Estado contra Evo Morales.
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