La importancia del respeto oficial al “Dura lex sed lex”

 La inminente definición de la Corte Suprema sobre la cuestión tarifaria y las presiones del Gobierno para lograr un aval judicial hacen necesario recordar la importancia de la vigencia del Estado de Derecho en el país. El Estado tiene que estar sujeto a la Constitución y a las leyes y también a las normas en general que se aprueben de acuerdo a los procedimientos que la misma Constitución establezca. Una obviedad, pero es necesario recordarlo siempre en la Argentina: a la violación de las leyes y de los fallos judiciales se las toma con liviandad, no como algo sacrílego.

En este sentido el Gobierno de Mauricio Macri debería mostrar que algo está cambiando en la Argentina. Pero por lo acontecido la semana pasada, no es así. El secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, en declaraciones radiales señaló que "sería muy grave que la Corte Suprema falle en contra del ajuste de tarifas porque retrotraer los valores demandaría un gasto estatal de 80.000 millones de pesos". "Para poder comprender un poquito más, 80.000 millones de pesos es toda la obra pública que vamos a hacer en el segundo semestre. Por lo que el impacto sería muy grave", agregó. Llama la atención esta declaración de Lopetegui, porque se lo considera un funcionario capaz dentro de la estructura oficial. Es licenciado en Administración de Empresas y Contador Público con un Master en Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra. Y en esas carreras, hay materias vinculadas al Derecho y la economía. El concepto de estado de derecho se desarrolló durante el liberalismo y pone como límite a la acción estatal a la libertad del individuo. La contracara es el absolutismo, es decir, la falta de libertades y la concentración de poder. Cuando la garantía de derechos individuales no está asegurada, ni hay separación de poderes, la Constitución es simplemente un objeto decorativo.

Declarar que por un fallo de la Corte Suprema en contra, el Gobierno tenga que suspender la obra pública es ejercer una presión sobre el máximo tribunal. Desde el siglo XI se utiliza una frase del derecho canónico, "Dura lex, sed lex", del obispo Buchard de Worms para ejemplificar la importancia del "Rule of Law", o el imperio de la ley. "La ley es dura pero es la ley" decía hace más de mil años. Si las normas en la Argentina muestran el recorrido que tiene que seguir un aumento de tarifas dispuesto por el Gobierno, se lo debe respetar. No está en discusión aquí la facultad del Gobierno para subirlas sino los pasos que tiene que cumplimentar de acuerdo con las leyes vigentes. Culpar a la Corte Suprema de frenar la obra pública o de generar un rojo de $80.000 millones es no reconocer los errores propios. Pero más grave aún, es, desde un Gobierno, ejercer presión sobre el otro poder del Estado e ir contra el "imperio de la ley".

Décadas atrás, no muchas, la Corte Suprema era una simple sucursal del Ejecutivo. Los jueces eran amigos o socios del presidente que los designaba. Hace casi 86 años, el 14 de septiembre de 1930, los ministros de la Corte Suprema, en una acordada, reconocieron la legalidad de los gobiernos de facto tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Por primera vez en la Argentina, hay señales de jerarquía en los integrantes del máximo tribunal. Puede argumentarse de que resta camino por recorrer en ese sentido pero basta con mirar hacía atrás para descubrir la importancia de lo avanzado. Es clave que desde el Gobierno se envíen mensajes a la sociedad de la importancia de la división de los poderes, del respeto a los fallos y especialmente, de que el Ejecutivo no tiene que interferir o presionar para conseguir beneficios u ocultar errores.