La Justicia terminó con una ley de inmunidad para Berlusconi>

Los periodistas se abalanzaron ayer sobre el texto del fallo del Tribunal Constitucional italiano que cercenó una ley que mantenía a Silvio Berlusconi a salvo de las denuncias de corrupción. Il Cavaliere sólo puede apostar ahora por la prescripción de las causas.

Roma - El Tribunal Constitucional italiano invalidó ayer los puntos esenciales de una polémica ley en la que el primer ministro, Silvio Berlusconi, se había refugiado hasta ahora para no acudir a declarar en los procesos judiciales que tiene pendientes.

Con doce votos a favor y tres en contra, el alto tribunal anuló parcialmente la norma e interpretó algunos de sus puntos, con un fallo que, esencialmente, deja a discreción de los jueces evaluar en cada caso si existe o no un legítimo impedimento que justifique la ausencia del mandatario y los ministros de las audiencias.

El Constitucional puso fin al automatismo con el que los jueces debían aceptar el alegato de legítimo impedimento, siempre que el compromiso estuviera relacionado con las funciones del Gobierno, y que permitía aplazar una vista hasta seis meses.

De este modo, el tribunal abre la puerta a que se retomen los procesos en los que Berlusconi está imputado por corrupción judicial y fraude fiscal, los conocidos como «caso Mills» y «caso Mediaset», que habían quedado suspendidos a la espera del fallo de ayer (ver aparte).

Violación

En ambos procesos, Berlusconi se acogió a un «legítimo impedimento» para no acudir a las audiencias, lo que llevó a los respectivos tribunales a pedir la intervención del Constitucional, al considerar que la norma violaba dos artículos de la Carta Magna.

A la espera de la decisión de ayer, también había quedado suspendida la audiencia preliminar en la que se iba a decidir si se enviaba a juicio al jefe del Ejecutivo italiano por apropiación indebida y fraude fiscal en el llamado «caso Mediatrade».

Desde distintos sectores se advierte, no obstante, que sobre dichos procesos pesa la sombra de la prescripción, puesto que algunos de los jueces encargados de los casos cambiaron de puesto o de tribunal, lo que podría suponer tener que reiniciar los juicios.

Pese a esta sombra, el dictamen de ayer puede considerarse un nuevo revés al primer ministro italiano, como señaló la portavoz del opositor Partido Demócrata (PD), Anna Finocchiaro, quien señaló que «saltó la base de la ley».

Desde Futuro y Libertad (FLI), que agrupa a parlamentarios que iniciaron esta legislatura dentro del partido de Berlusconi, el diputado Fabio Granata expresó su deseo de que el primer ministro no vuelva a arremeter ahora contra la magistratura, a la que en numerosas ocasiones tachó de ser un órgano de la izquierda.

En contraste, los abogados de Berlusconi opinaron que la base general de la norma fue reconocida como «válida» y «eficaz» y por ello se mostraron «satisfechos», aunque criticaron que con su decisión la Corte puede entorpecer la labor de Gobierno. Con la decisión judicial, Berlusconi ve cómo se debilita el «escudo judicial» concebido de forma temporal (se aprobó por un período de 18 meses el pasado abril) a la espera de que el Parlamento diera luz verde un nuevo «Lodo Alfano», la ley que otorgaba inmunidad a los máximos altos funcionarios del Estado y cuyo primer texto fue invalidado en octubre de 2009 por el Constitucional.

Aun antes del pronunciamiento del tribunal, Berlusconi había asegurado que éste le era «absolutamente indiferente», ya que, según afirmó, la estabilidad del Gobierno «no se verá afectada».

Para el premier, las acusaciones que pesan sobre él son «ridículas». «Los jueces son una patología, una enfermedad, y ya he jurado en el pasado por mis hijos y nietos que soy inocente», dijo.

La aprobación de un nuevo «Lodo Alfano» se presenta ahora más complicada, ya que el primer ministro perdió la mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados, como quedó patente el pasado 14 de diciembre, cuando logró salvar una moción de censura in extremis con el apoyo de algún diputado de la oposición, en medio de una sonada polémica sobre la eventual compra de votos.

A estas complicaciones se suma la posibilidad de que la decisión de derogar la norma del legítimo impedimento sea sometida a referéndum, después de que el Constitucional considerara ayer legítima la celebración de un plebiscito a este respecto.

La consulta está ahora en manos de la Oficina Central de la Corte Suprema.

Agencias EFE, AFP, ANSA y Reuters