La Magistratura, furiosa con la Corte

En el Consejo de la Magistratura se masculla bronca desde hace semanas: en el cruce entre la Corte y el Gobierno recibieron un cross lateral, cuando el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, descargó públicamente gran parte de la responsabilidad por las demoras en la Justicia sobre el cuerpo, al que reclamó que avance sobre el proyecto de informatización del Poder Judicial y los concursos para cubrir los cargos judiciales vacantes.
El reclamo no fue bien recibido, sobre todo, al ser enunciado en medio de una disputa en la que el Consejo se limitaba a la posición de espectador. Lugar que, sin embargo, resulta difícil de mantener cuando la discusión se centra sobre el presupuesto, aspecto que la Magistratura maneja de manera conjunta con el Máximo Tribunal. Ahora, el cuerpo colegiado se prepara para entrar en escena como protagonista, ya que la Corte anunció que lo convocará a una reunión pública, para discutir sobre el deslinde de tareas y responsabilidades en el aceleramiento de los juicios por lesa humanidad.
A pesar del malhumor por recibir un ataque en una pelea que no era la propia, en el Consejo nadie va a salir a discutir públicamente con la Corte. La intención siempre fue tener una buena relación con el tribunal, en especial este año, ya que el presidente del organismo, Luis María Bunge Campos, es un juez. La paz firmada hace dos semanas entre el tribunal y el Gobierno dio un cierre al tema, y en este punto el cuerpo no quiere ser el que vuelva a enturbiar el clima. Ahora habrá que esperar para ver si cambia de postura frente a una negociación, como la que propone la Corte.
Las tensiones entre ambos organismos tampoco son una novedad: desde la creación del Consejo (que estableció un Poder Judicial bicéfalo, con todos los problemas que pueden generar este doble comando), los cruces y acusaciones han sido constantes. En especial, respecto de temas que plantean problemas estructurales de la Justicia, sobre los que nadie quiere recibir el desgaste político. La demoras de los procesos es uno de ellos.
Por otro lado, el cruce es inevitable: el Consejo es responsable de aproximadamente el 80% del presupuesto del Poder Judicial, destinado a todo lo que se refiera a las condiciones materiales necesarias para que avance la Justicia. Las licitaciones de propiedades para nuevos juzgados, el alquiler de salas cuando las existentes no alcanzan, la provisión de recursos materiales, y megaproyectos como el de digitalización están a cargo de la Magistratura (además de ser responsables por la selección y el monitoreo de la conducta de los jueces).
En este sentido, desde el Consejo señalaron que gran parte de los pedidos presupuestarios a los que se refirió la Corte hace dos semanas, correspondían a los 120 oficios enviados durante 2008 al Máximo Tribunal, en los que se indicaban las necesidades puntuales de recursos materiales y de personal que debían satisfacerse para que avanzaran en todos los fueros del país los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar. Esos pedidos deben solicitarse al Ejecutivo, a través de la Corte. También destacaron los avances en el plan de informatización, que el presidente del tribunal no señaló. Éstos probablemente sean algunos de los argumentos que el Consejo lleve a la mesa de negociación con el tribunal.