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La primera demanda contra reforma judicial
Andrés Gil Domínguez
La demanda apunta contra la creación de nuevas Cámaras de Casación y cuestiona la legalidad de la regulación de las medidas cautelares.
La presentación estuvo a cargo del abogado Andrés Gil Domínguez, un constitucionalista que antes había criticado la ley de medios. El letrado, que forma parte de la cátedra de Derecho Constitucional de la UBA que dirige Daniel Sabsay, realizó la presentación bajo el mecanismo de "acción colectiva" y en representación de "todos los habitantes de la Nación que ven amenazado su derecho a la tutela judicial".
La causa quedó a cargo de la jueza subrogante Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, del juzgado en lo Contencioso Administrativo 8. El denunciante reclamó a la Justicia prohibirle al Gobierno la promulgación y la publicación de las leyes aprobadas la semana pasada.
Más allá de la suerte de ese escrito, es la primera demanda por inconstitucionalidad de una previsible oleada de presentaciones que habrá una vez publicadas y promulgadas las normas aprobadas la semana pasada.
La Asociación de Magistrados, cuya conducción mantiene abiertas diferencias con el Gobierno, ya anticipó que presentará acciones de inconstitucionalidad sobre buena parte del paquete de reformas.
El presidente de la entidad, Luis María Cabral, adelantó que objetará la "partidización del Consejo de la Magistratura", entre otros aspectos.
Para sostener su denuncia, Gil Domínguez invocó su condición de titular afectado del derecho de incidencia colectiva a la tutela judicial efectiva y al derecho de amparo y profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires".
En su escrito planteó "la nulidad e inconstitucionalidad de la inminente amenaza de concreción en actos lesivos definitivos, inexorables e irreparables que implican los proyectos sancionados y ordenar al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de promulgarlos y publicarlos en el Boletín Oficial".
Para el abogado, las nuevas instancias y la regulación de las medidas cautelares "conculcan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho fundamental y humano al amparo", y fueron resueltas "con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".
También advirtió que podrían verse afectados el "derecho de trabajar, a formar sindicatos, a ejercer toda industria lícita, a navegar y comerciar, a peticionar a las autoridades, a la reunión, a la educación, la garantía de la autonomía y autarquía universitaria, a la integridad personal, a entrar, circular, permanecer, residir y salir del territorio, a la expresión y al acceso a la información sin censura previa".
Gil Domínguez, de La Pampa, es especialista en derecho constitucional, profesor universitario y director de su propia consultora. Integra la cátedra de Sabsay y tiempo atrás se dio a conocer al presentar uno de los recursos de amparo en contra de la ley antitabaco que prohibió fumar en espacios cerrados. Entonces alegó haberlo hecho en representación de bares y restoranes.
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