La vacuna a salarios contra inflación

La Presidente dijo que las metas de inflación significan ponerle un cepo a la suba de salarios, lo cual no es real. El ingreso de los trabajadores es una de las principales víctimas de lo que se ha dado en llamar el impuesto inflacionario y, doblemente, en los últimos tiempos.

En los ´80, la inflación era el principal problema mencionado por los argentinos. Sin embargo, esto no fue así en los últimos 10 años, principalmente porque, a diferencia de aquella época, la economía creció y, con ella, el ingreso de todos. Así que el impuesto inflacionario se "comía" parte del aumento del salario de los trabajadores; pero siempre quedaba un poquito que permitía comprar algo más que el mes anterior. Los problemas empezaron cuando la economía tendió a desacelerarse o a caer. Entonces, como en los ´80, el salario empezó evolucionar peor y a perder poder adquisitivo frente a la suba de los precios. Por ello, no es de extrañar que desde fines de 2011 la proporción de gente que sentía que está peor que antes haya tendido a incrementarse.

Un factor adicional se ha sumado al impacto del impuesto inflacionario, la pobre actualización del mínimo imponible y descuentos del Impuesto a las Ganancias y de las escalas del Monotributo. En un marco de altísima suba de precios, aún aquellos afortunados que tenían la suerte de empardarlo con el incremento de sus ingresos, se encontraban que, al pagar los impuestos, terminaban teniendo cada vez menos poder adquisitivo. En una palabra, para aumentar excesivamente sus erogaciones, el Gobierno ha estado aumentando fuertemente la presión tributaria sobre la masa de ingresos de los argentinos, lo que sumado al creciente impuesto inflacionario, justifica los reclamos de los contribuyentes.

Llamó la atención que el Poder Ejecutivo manifestara que para poder bajar la imposición sobre los salarios debían incrementarse otros tributos o crearse nuevos. La realidad es que el gasto público primario lleva 7 años aumentando a tasas de más del 30% y que la presión tributaria está en niveles récord histórico, superando el 40% del PBI; lo cual es insostenible. El Presupuesto aprobado para 2013 fijaba una meta de incremento de las erogaciones del 15,5% y en realidad va a rondar el doble de ese porcentaje. También decía que el superávit primario sería de $ 59.256 millones y terminará acercándose a un déficit de $ 10.000 millones, a pesar de que los ingresos superarán en más de $ 30.000 millones la estimación oficial. La pregunta es cómo los legisladores pudieron ser tan irresponsables como para sancionar un Presupuesto de tamaña irrealidad, cuando hubo muchísimas advertencias a través de los medios de comunicación.

Por lo tanto, habría que moderar el exacerbado incremento del gasto público para poder corregir los mínimos no imponibles de Ganancias y las escalas del Monotributo; pero, además, sancionar una ley que establezca una mecánica para hacerlo. Cabe recordar que solamente el Congreso puede aumentar los impuestos y acá lo termina haciendo el Poder Ejecutivo por el artilugio de no tener en cuenta la inflación. Hay algunas propuestas, incluso desde el oficialismo, que proponen un sistema de actualización bianual (como el de las jubilaciones) y con una fórmula relacionada con el aumento de salarios (INDEC) y de los ingresos de la AFIP. Lo primero es aceptable, lo segundo es un claro error. Aumentará la presión tributaria sobre el asalariado cuando al país le esté yendo peor y sus salarios no evolucionen bien. En realidad, la actualización debería hacerse respecto de la inflación. De esa forma, alguien cuyo ingreso aumente lo mismo que los precios no verá variar su poder adquisitivo ni el nivel de imposición. Si los salarios suben más que la inflación, entonces su nivel de riqueza habría aumentado y, por ende, pagará más impuesto. Aunque, lo importante, es que si en un mal contexto económico local los sueldos evolucionan por debajo de la inflación, la presión tributaria sobre esos ingresos bajaría, moderando el impacto negativo sobre el bienestar del trabajador.Todo resuelto sino fuera porque el INDEC subestima el IPC y, por ende, no hay forma de tener un índice de precios confiable para hacer esta actualización. Igual debería sancionarse la ley de movilidad de escalas y mínimos no imponibles; aunque previendo reordenar el INDEC para tener un índice creíble. Además, a partir de ese momento, los sindicatos tendrán un motivo más para reclamar que se baje la inflación y que los indicadores oficiales reflejen la realidad.

Por último, según la Constitución Nacional, el Congreso es quien debe fijar el valor de la moneda. Si se instrumentara, por ley, un sistema de metas de inflación, se estaría cumpliendo ese mandato; ya que es la otra cara del poder adquisitivo del peso, es decir de su valor. Además, como comentáramos, la Carta Magna ordena que tiene que ser el Parlamento el que determine los impuestos y, de esta forma, los legisladores estarían fijando el rango de tasa del impuesto inflacionario que afectará nuestros ingresos, dándole luego al Banco Central total independencia de uso de instrumentos para lograr esos objetivos. Por supuesto, de nuevo caemos en el problema del IPC del INDEC; por lo que recomendaríamos que este organismo fuera autárquico y el nombramiento y remoción de sus autoridades dependiera del Legislativo.

De esta forma, con un sistema de actualización del tributo a las Ganancias y las escalas del Monotributo, más un esquema de metas de inflación se pondría los ingresos de los trabajadores bajo resguardo de la voracidad de los gobiernos que tratan de exprimir a los contribuyentes para mantener excesos de gasto público.

(*) Director de Libertad y Progreso.