Larreta quiere que empresas puedan financiar campañas

La iniciativa de Código Electoral porteño que se envió a la Legislatura contempla diferencias con las normas nacionales e impone una batería de controles para los gastos de las agrupaciones políticas.

visita. Horacio Rodríguez Larreta recorrió ayer las obras del Parque de la Estación, un espacio verde para las comunas 3 y 5.

Interesantes diferencias con las normas actuales en materia electoral, propuso el jefe de Gobierno porteño en el proyecto de Código Electoral que comenzará a debatirse en la Legislatura. Además de la creación de un Instituto de Gestión Electoral, que anticipó este diario, Horacio Rodríguez Larreta está dispuesto a que le aprueben la posibilidad de que empresas financien las campañas políticas, pero además, crea un registro de proveedores para esa instancia. Otra distinción con respecto a las normas nacionales que son las que utiliza la Ciudad de Buenos Aires ante la falta de un código propio, es que el candidato a jefe de Gobierno, tras las PASO; puede elegir a su vice y además puede optar por alguno de los perdedores en la primaria, mientras que en Nación se elige por fórmula.

"Una de las diferencias más notables es la creación de un Registro de Proveedores de Campaña que es muy abarcativo", explicó a este diario Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política de Ministerio de Gobierno porteño.

En ese Registro -de aprobarse la iniciativa tal como está- deberán anotarse todas las personas y personas jurídicas interesadas en prestar servicios durante la campaña electoral, ya sean medios de comunicación como encuestadores, por ejemplo. Pero además, al momento de inscribirse, los proveedores deberán presentar las tarifas de los bienes y servicios que van a prestar y, durante la campaña, comunicar vía plataforma electrónica "cada entrega de bienes o prestación de servicios que efectuaren a una (1) o más agrupaciones políticas".

Además, el proyecto contiene una batería de artículos para controlar casi online los gastos de campaña, estableciendo que "cada aporte recibido y erogación efectuada deberá registrarse en el sistema dentro de los cinco (5) días hábiles de realizada la operación".

En cuanto a los aportes privados para la temporada electoral, se definen como "toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación política, destinada al financiamiento de gastos electorales".

Es decir que también empresas podrán dar sus aportes para la campaña, los cuales quedarán informados de acuerdo a la norma; se establecen, claro, límites: "las agrupaciones políticas con motivo de la campaña electoral no podrán recibir en conjunto un total de aportes en concepto de financiamiento privado que supere el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña electoral fijados por el presente Código y el monto del financiamiento público directo que le corresponda a la agrupación política". Las personas individuales en cambio, podrán aportar hasta el 5% del monto de los aportes privados que pueda recibir cada sello electoral.

"Este código apuesta a institucionalizar el proceso electoral con una clara distinción entre lo administrativo y lo judicial y con estándares muy elevados de auditoría tanto sea para el financiamiento como para la incorporación de tecnologías, con mecanismos de transparencia y participación", aseguró Charosky.

Entre las prohibiciones sobre los aportes, son similares a las actuales donde queda vedado el aporte de entes estatales o empresas y sociedades del Estado,las concesionarias de obras o servicios o que exploten juegos de azar, por ejemplo.

Otro de los temas que demorarán el debate en la Legislatura porteña, será la prohibición de difundir encuestas sobre intención de voto desde 8 días antes del comicio. Si bien el Código electoral porteño podría aplicarse en las próximas elecciones de 2019, en el proyecto de Instituto de Gestión Electoral, una cláusula transitoria establece como plazo para su creación, abril de 2020.

El debate en comisión tendrá lugar en Asuntos Constitucionales que conduce Diego Marías, integrante del bloque Vamos Juntos que representa al oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires y que conduce Agustín Forchieri. La iniciativa es una de las prioridades de Larreta con respecto a la sanción de leyes para este año, en un paquete que también incluye la reforma al Código de Planeamiento Urbano y la enmienda a la ley de Basura Cero para levantar la prohibición a la incineración de residuos.