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Las petroleras, divorciadas: bajó YPF, subió Petrobras
Algunos analistas creen que también influyó ayer la leve baja en el precio internacional del petróleo, y los números del balance del primer trimestre, que fueron positivos para Petrobras y negativos en el caso de YPF.
Entre las empresas petroleras, en tanto, el decreto empezó a analizarse legalmente esta semana, pero hay coincidencia en que falta saber con qué criterio se instrumentará la nueva norma. A priori, para toda empresa privada, la intervención del Estado siempre es interpretada como contraproducente.
En este caso, además, en los últimos años primó la sensación de que se atravesaba un período de excepción después del cual seguirían vigentes los decretos de desregulación petrolera de la década del 90 que establecieron la libertad de precios y la libre disponibilidad de los hidrocarburos y de las divisas obtenidas con su exportación. Ahora todos esos beneficios quedaron derogados.
En los hechos, la libertad de precios ya estaba acotada por la circunstancia de que cada vez que los valores subieron más allá de lo esperado hubo resoluciones de la Secretaría de Comercio obligando a retroceder.
Limitación
La libre disponibilidad de los hidrocarburos quedó limitada desde 2004, cuando empezaron a recortarse las exportaciones de gas y los excedentes de petróleo, cada vez más escasos, se pueden vender en el exterior sólo si está asegurado el abastecimiento interno. La disponibilidad de las divisas había terminado en noviembre de 2011.
Entrando en el detalle, resta saber si los precios de referencia para petróleo, gas y combustibles serán mejores o peores que los que viene fijando el Gobierno prácticamente desde 2004.
Expectativas
En ese punto, hay algunas expectativas de que haya escalonamientos de precios para los que inviertan en proyectos nuevos, entre estos los de gas no convencional, que requieren un valor superior al actual para que sea rentable extraerlo.
Por lo demás, se espera que la comisión a cargo del viceministro Axel Kicillof sea exigente en cuanto a las metas de producción del plan anual de inversión de cada compañía, pero el poder de fiscalización y en último caso de castigo de ese organismo entra en colisión con el poder de policía que tienen adjudicado las provincias productoras desde la Constitución de 1994.

