Quito - El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó ayer la disolución de la Asamblea Nacional horas después de que la Asamblea Nacional -parlamento- le iniciara un juicio político por presunta corrupción, una decisión legal, pero polémica que implica la celebración de nuevas elecciones generales en pocos meses y que, hasta entonces, lo habilita a gobernar por decreto.
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Lasso zafó de la destitución disolviendo el Parlamento y adelantando las elecciones
El procedimiento está previsto en la Constitución. De cualquier forma, organizaciones indígenas hablaron de “golpe”, pero las FF.AA. se presentaron como garantes del orden. El correísmo sueña con volver al poder.
POSICIÓN. Efectivos de seguridad rodearon ayer la Asamblea Nacional tras un pronunciamiento militar que destacó la legalidad de la disolución de los poderes tomada por el presidente conservador Guillermo Lasso.
La medida del impopular mandatario de derecha, a quien el parlamento unicameral estaba enjuiciando por presunta corrupción, fue rechazada por el expresidente de izquierda y líder opositor Rafael Correa, que acusó a Lasso de “golpe de Estado”, y por el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, que dijo que estudiará qué respuesta da a la decisión.
Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía avalaron rápidamente la legalidad de la mediada de Lasso en un video en el que advirtieron que actuarán con firmeza ante eventuales protestas, mientras que policías antimotines tomaron control del edificio de la Asamblea Nacional y los legisladores solo podían retirar sus pertenencias a través de un tercero. Esta es la primera vez que se hace uso de esta herramienta constitucional.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes”, dijo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Nelson Proaño.
En la declaración, agregó que la decisión de Lasso de disolver la Asamblea está consagrada en la Constitución (ver nota aparte).
Decisión
En un mensaje a la Nación, el conservador Lasso dijo que, en virtud de una atribución constitucional conocida popularmente como “muerte cruzada”, firmó un decreto que disuelve la Asamblea Nacional y le da poderes para gobernar por decreto hasta las próximas elecciones, que, por ley, deberían celebrarse entre septiembre y octubre.
Lasso acusó al parlamento de querer, con su enjuiciamiento político, “desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado” y dijo que tomó la decisión “por grave crisis política y conmoción interna”, una de las causales contempladas por la Constitución.
En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el aumento del costo de vida, la decisión puede implicar el fin del Gobierno de derecha y darle una oportunidad a la izquierda correísta, que domina el Congreso.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días, tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en 2021 y termina en 2025.
Reacción
Correa, cuyo movimiento era la principal fuerza en la Asamblea destituida, con 49 de los 137 escaños, tildó de “ilegal” y de “golpe de Estado” la decisión de Lasso, pero matizó que su decisión abría una “gran oportunidad” para deshacerse de su Gobierno y “recuperar la Patria”.
La poderosa confederación indígena Conaie, cuyas protestas derivaron en el derrocamiento de tres presidentes desde 1997 y pusieron en apuros al propio Lasso el año pasado, dijo que la decisión dibujaba “un escenario de dictadura” y prometió analizar y adoptar “decisiones colectivas”.
En su mensaje a la nación, el presidente dijo que todos los esfuerzos del Poder Legislativo estaban enfocados en desestabilizar al Gobierno “con un juicio político infundado”, y agregó que Asamblea buscaba “usurpar todos los poderes del Estado”.
El gobernante se presentó ayer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado, en el inicio de un juicio político en su contra, el segundo desde que llegó al poder, en mayo de 2021.
Según denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker habría ocasionado pérdidas por más de 6 millones de dólares.
El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada “muerte cruzada”, que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
Entre 1997 y 2005 tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados en medio de revueltas populares: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
En junio de 2022, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
En esta ocasión, la oposición parecía reunir los 92 votos necesarios en la cámara, que tiene 137 escaños.
El debate sobre el juicio político contra Lasso debía continuar hoy antes de un llamado a la votación sobre la destitución, pero Lasso se anticipó y decretó la “muerte cruzada”.
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