Legislatura de Chaco aprobó suspender primarias por un año

Jorge Capitanich

En una sesión con polémica, la Legislatura de Chaco aprobó ayer la suspensión por un año de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales y una reforma de la ley electoral que habilita la aplicación de listas colectoras.

El Parlamento además sancionó el proyecto de presupuesto 2023, enviado por el gobernador justicialista Jorge Capitanich.

La iniciativa de frizar la herramienta de las primarias locales había sido presentada días atrás por el bloque de diputados provinciales de la Corriente de Expresión Renovada (CER), alineado con el intendente de la ciudad de Resistencia, el peronista Gustavo Martínez.

“Es necesario ahorrar la erogación de dinero al Estado provincial para destinarlo a otras áreas, como salud y educación”, argumentó en esa oportunidad la presidenta de la Legislatura, Élida Cuesta.

Finalmente la suspensión de las PASO recibió el respaldo de 17 votos. También fue aprobado un retoque de la ley electoral que permite candidaturas múltiples para cargos ejecutivos.

Tras la sesión, los legisladores del interbloque UCR salieron a hablar de un supuesto “atropello institucional”. “Desde el bloque oficialista se pidió ingresar y votar una resolución de la Presidencia, sobre la cual nunca se informó ni se notificó, y que impulsa la modificación de la composición de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la intención de dar ingreso a más diputados oficialistas, de manera de alcanzar la mayoría necesaria para sacar las leyes que necesita Capitanich (y el gustavismo), como la suspensión de las PASO e implementación de colectoras, recurso que le permite perpetuarse en el poder, como ocurre en Formosa o Santa Cruz”, aseguraron.

En paralelo, ayer los legisladores aprobaron por mayoría simple el proyecto de presupuesto provincial 2023, que regirá el año electoral.

La jornada incluyó también la firma de un comunicado por parte de los legisladores del FdT Chaco, en “solidaridad con Cristina frente a los ataques de la mafia judicial”, tras la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la vicepresidenta en la causa “Vialidad”.