Ley antiterrorista: polémico estreno con ambientalistas

Una protesta en la mina de Bajo La Alumbrera en Catamarca fue la excusa para aplicar por primera vez en el país la ley antiterrorista que se sancionó en diciembre.

La ley antiterrorista, aprobada en diciembre pasado por el Congreso, tuvo un estreno polémico que sumó críticas a las que ya habían expresado diferentes sectores, incluso en el interior del kirchnerismo. El fiscal catamarqueño Julio Landivar aplicó la flamante normativa para procesar con la imputación de «terrorismo» a nueve asambleistas detenidos durante una protesta contra un proyecto minero en La Alumbrera en esa provincia.

Según informó ayer el fiscal federal de Cámara, Antonio Gustavo Gómez, los manifestantes fueron liberados horas después de su procesamiento. También resaltó que era «la primera vez que se aplica» la normativa, aunque criticó al fiscal Landivar por haber utilizado un delito federal en la Justicia provincial. Para Gómez, éste último se debería haber declarado incompetente en el caso.

Los conflictos comenzaron el jueves pasado, cuando se produjeron las primeras detenciones en el corte. Todos los apresados fueron liberados dos horas después, pero al día siguiente el fiscal dispuso nuevos arrestos y, posteriormente, la aplicación del artículo 213 bis del Código Penal, que es contemplado (y sus penas agravadas) por la nueva ley antiterrorista.

En este punto, el fiscal federal sostuvo que «Landivar tiene dos razones para no ser competente: una es que es una ruta nacional donde se produce la protesta, y otra es que aplica un artículo que a partir de la nueva ley antiterrorista es un delito federal». Gómez, con competencia en las provincias de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, resaltó además que la ley antiterrorista posee «una excepción» en la que afirma que no se aplicará «en casos donde sean reclamos de defensa de Derechos Humanos, sociales o constitucionales».

Derechos humanos

«En este caso se trata de un reclamo por un derecho humano esencial que es la salud pública, en función de la contaminación de minera La Alumbrera», afirmó el fiscal e incluso profundizó sus críticas hacia Landivar al sugerir que se debía iniciar un proceso de destitución en su contra. Gómez remarcó que la decisión del fiscal provincial «es para asustarse y actuar dentro de la ley y en el ejercicio legítimo de nuestros derechos» y enfatizó que la orden de Landivar de reprimir la manifestación en la localidad catamarqueña de Santa María «invocando leyes que no están en sus manos aplicar» eran argumentos suficientes para impulsar un juicio político a raíz de su actuación.

Una recomendación de la que ya se había hecho eco Nidia Gauthier, abogada de los nueve imputados, quien también criticó el trabajo del fiscal y anticipó que hoy presentará un pedido de nulidad ante el juez federal de Catamarca Ricardo Antonio Moreno. «Fue un juzgado incompetente el que intervino. Vamos a pedir copia de todas las actuaciones y presentar la nulidad del caso», afirmó la abogada, que también argumentó que el caso era de competencia federal.

Los nueve manifestantes fueron detenidos mientras realizaban una protesta en la Ruta Nacional 40, sin corte de tránsito pero impidiendo el paso de los camiones que transportaban elementos hacia la minera La Alumbrera, cuyo cierre exigen desde hace tiempo por peligro de contaminación.

Mudanza

Luego de los incidentes con la policía, los activistas continuaron con el corte, pero modificando el lugar: aunque se mantiene sobre la Ruta Nacional 40, la protesta se mudó a territorio tucumano, cerca de la localidad de Amaicha del Valle.

En este sentido, la decisión de Landivar provocó en realidad la duplicación de la protesta, ya que se mantuvo en pie la original (ahora del lado tucumano de la ruta) y se sumó una nueva a la altura de la ciudad catamarqueña de Belén, a unos 100 kilómetros al sur de Santa María, donde sucedieron las detenciones.

El estreno de la ley antiterrorista no hizo más que avivar las críticas y recelos que diferentes sectores políticos habían expresado contra la normativa. Incluso sectores fuertemente kirchneristas como la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y los intelectuales de Carta Abierta se habían pronunciado públicamente en contra de una ley que, según ellos, no hacía más que criminalizar la protesta social (ver nota aparte). Una critica que también fue manifestada por partidos de izquierda y ONG, que ayer ya comenzaron a mostrar su rechazo a la actuación de Landivar y a la ley. Una de ellas fue la Fundación Servicio, Paz y Justicia (Serpaj), presidida por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien destacó a través de un comunicado su «repudio enérgico» hacia «la actuación del fiscal y la calificación legal impuesta». La polémica recién empieza.