"Ley Conti": otro paso hacia el fin de autonomía porteña

Antonio Cafiero puede estar conforme: la ley que lleva su nombre, sancionada el 8 de noviembre de 1995 para limitar la autonomía que la Ciudad logró en el artículo 129 de la nueva Constitución, está más vigente que nunca. Inclusive la realidad va más allá de eso: el proyecto que esta semana comenzará a debatir el Senado para quitarle los depósitos judiciales al Banco Ciudad y traspasarlos de ahora en más al Banco Nación, no es otra cosa que un síntoma más de la agonía mortal que viene sufriendo esa autonomía porteña.

De toda esa parrafada sobre el derecho de los ciudadanos de la Capital Federal que recogieron los diarios de sesiones de la Convención Constituyente de 1994, hoy sólo parece haber quedado en pie el sistema de elección del jefe de Gobierno porteño; para legislativos siempre existió elección y de hecho los actuales diputados no parecen ser tan diferentes de los viejos concejales, tomado esto en todos los sentidos.

La Justicia contravencional que existe en el distrito fue creada junto con la autonomía y recién ahora (con cuentagotas) se traspasa la competencia sobre algunos delitos penales.

Por lo demás, no hay mucho cambio: el transporte encabeza las disputas con el subte; la Policía Federal sigue donde siempre estuvo y lo único que cambió fue el ministerio nacional del que depende.

El problema en la Ciudad, entonces, no es Mauricio Macri ni Cristina de Kirchner, sino un proceso institucional deteriorado como tantos otros que se dieron en el país.

Diana Conti, y la Casa Rosada, no podrían disfrutar hoy mortificando a Macri y los porteños (que nunca votaron mayoritariamente peronismo y por lo tanto son pasibles de cualquier castigo) con la poda a los fondos judiciales en el Ciudad, si el proceso de traspaso de la Justicia nacional que impera en la Capital Federal a manos del Gobierno porteño se hubiera terminado de definir en algún momento desde 1994 hasta ahora.

Nadie podría haber pensado en quitarle esos fondos al Ciudad si las causas judiciales que los originan, casi todas protagonizadas por ciudadanos o sociedades con domicilio en el distrito, estuvieran bajo la órbita de la Justicia local. Y no puede tenerse en cuenta ahora que el peligro que impone la ley para la continuidad de esa institución financiera sea un elemento que el kirchnerismo vaya a tener en cuenta en el debate que se dará en el Senado donde todo parece ya terminado.

La «Ley Conti», entonces, no es otra cosa que la ejecución a ultranza de la «Ley Cafiero».

Con otros protagonistas pero historia parecida. La autonomía de la Capital se consagró en el núcleo de coincidencias básicas y luego en el artículo 129 de la Constitución de 1994. Un segundo párrafo de ese artículo reza: «Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación».

Ese fue el párrafo mortal. Una vez más el PJ, en ese momento, burló al radicalismo a su antojo o por lo menos a la parte de la UCR que no había participado en la verdadera mesa mínima que negoció la reelección para Carlos Menem.

El peronismo entregó la autonomía sabiendo que era posible que el radicalismo ganara la Capital Federal, como más tarde sucedió. Y allí apareció Eduardo Duhalde, entonces, para instruir a Cafiero y sancionar la ley que limitara tanto espíritu soberano porteño. Pasaron 18 años y la Ciudad no tiene Justicia propia completa; Policía tuvo que armarse la suya; los puertos siguen en manos de la Nación igual que el juego (aunque en esto existe un convenio para morigerar tanto reparto de fondos que pasa de largo); y ahora hasta se dará marcha atrás con el manejo del dinero que involucran los juicios de los propios porteños.

Curioso final para una reforma constitucional que el resto de la clase política sí parece disfrutar. Aunque ahora muchos no se lo quiera recordar, es la misma reforma que le dio a las provincias la soberanía sobre sus hidrocarburos y recursos mineros y la que tuvo como efecto directo el reforzamiento del presidencialismo al punto de terminar consagrando en la práctica el uso sin controles de los DNU, cuando se la había proclamado como una herramienta para controlarlos. Se sabe que en sus últimos días Raúl Alfonsín llegó a reconocer el error cometido.