Liberan $ 2.000 millones entre las obras sociales sindicales

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El Gobierno liberó 2.000 millones de pesos en subsidios para las obras sociales sindicales. Como anticipó ayer este diario, se trata de un gesto a los gremialistas afines al oficialismo, aunque la manera en que fue planteada la medida le permitirá al Ejecutivo mantener un margen de discrecionalidad en el reparto de los fondos. El reparto, que será anual, fue anunciado por la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, ante medio millar de directivos de obras sociales.

Para los gremialistas, se trata de un triunfo a medias: obtendrán una demorada inyección de fondos para atender lo que denuncian como un sistemático desfinanciamiento de sus organizaciones de salud, pero al mismo tiempo implicará dejar en el olvido el reclamo por un fondo mayor, de 15 mil millones de pesos, acumulado a instancias de sus propios aportes al sistema.

La señal es a favor de los sindicalistas aliados al Ejecutivo. Si bien la medida beneficiará a todas las obras sociales, la gestión corrió por cuenta de los «independientes» José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), piezas clave del armado de una nueva CGT oficialista.

Informados

Los negociadores se enteraron del nuevo sistema ayer a la mañana. Hasta el martes a la noche, y como informó este diario, Korenfeld les había comunicado que habría una reducción de cinco puntos porcentuales en la carga impositiva de las obras sociales. Pero ayer Lingeri y Rodríguez fueron convocados por la funcionaria para comunicarles que obtendrían el mismo volumen de fondos, $ 2.000 millones, pero mediante la creación de un nuevo subsidio que se aplicará al sistema de salud.

De esa negociación quedaron anuncios pendientes: el saldo de una deuda por $ 500 millones correspondiente a tratamientos dados por las obras sociales en lo que va del año y sujetos a reintegros. Y también, la posible suba de las asignaciones familiares, un ítem que al parecer quedó reservado para un acto el viernes de Cristina de Kirchner. Anoche el Ejecutivo cursó las invitaciones para esa convocatoria.

La superintendente explicó ayer que entrará en vigencia el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que repartirá el 20% de sus recursos de manera igualitaria entre las obras sociales y el restante 80% en función del número de afiliados de cada una de ellas, con prioridad para las de menores ingresos.

Los $ 2.000 millones del subsidio se sumarán a los $ 1.400 millones anuales de presupuesto de la Administración de Programas Especiales (APE) residual, el organismo encargado de reintegrarles a las organizaciones de salud el valor de las prestaciones médicas más complejas, y al Subsidio Automático Nominativo (SANO), que completa el valor del Programa Médico Obligatorio en los casos de afiliados de bajos ingresos, y que totaliza unos 350 millones por año. Dicho de otra forma, con el nuevo programa el Gobierno duplicará los recursos volcados anualmente en el sistema que atiende a casi la mitad de la población argentina.

Al reemplazar rebaja impositiva por subsidios, el Ejecutivo se guardará la última palabra a la hora de destrabar los fondos. Pero quedará expuesto a señalamientos: la aplicación de subsidios en las obras sociales fue anulada años atrás por las derivaciones de la investigación judicial por la denominada «mafia de los medicamentos», y en su lugar se pasó a un esquema de reintegros.

Korenfeld anunció, además, la creación del Sistema Único de Reintegros (SUR), que reemplazará la APE en la tarea de devolución de fondos por las prestaciones médicas más costosas. Desde su arribo al cargo, en marzo último, la superintendente había frenado esos pagos a entre un quinto y un octavo de su ritmo habitual a la espera de la puesta en marcha del nuevo procedimiento.

La funcionaria estuvo acompañada por el ministro de Salud, Juan Manzur, quien se mantuvo en silencio. También participó y fue mencionado el titular del PAMI, Luciano Di Césare, que según los sindicalistas es el verdadero artífice de la gestión de Korenfeld.

Al terminar el acto, entre la concurrencia se escucharon algunos gritos de «¿y la deuda?», en alusión al acumulado del Fondo Solidario de Redistribución, que se estima en más de 15 mil millones de pesos y que se alimentó en los últimos años de una porción de los aportes de las propias obras sociales.

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