Límites al "foja cero" del Correo-Gate

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El "foja cero" que ordenó el presidente Mauricio Macri tendrá sus limitaciones en la dinámica concursal en la cual se encuentra el litigio con el Correo Argentino SA del Grupo Macri. La solución política con la que el Gobierno buscó salir del atolladero estará condicionada a plazos perecederos y a una necesidad de coordinación (subterránea) con Socma en la forma en que retrocederán.

En lo inmediato, implicará el retiro de la propuesta firmada por el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, el 28 de junio de 2016, pero sólo si la empresa acuerda la misma estrategia para cerrar la controversia que arrastrará también a acreedores menores que están atados a la homologación final del acuerdo. El Estado no puede bajarse por sí mismo sin que haya, en algún punto, un acuerdo entre las partes para que se mejore la propuesta. Las próximas horas serán cruciales para saber qué camino judicial adoptará el Gobierno. De otra forma, el expediente se encamina a resolución por parte de la Sala B de la Cámara Comercial. Pese a que la intención de la Casa Rosada es freezar el capítulo judicial, tras el revés de la fiscal Gabriela Boquín, el reloj también correrá para que se arribe a una nueva propuesta en no más de tres meses, tiempo estimado como razonable estando a las puertas de una decisión final. Existen caminos para que esto se dilate incluso más allá de este año.

Explicable en términos políticos por el escándalo, en tribunales la pregunta era por qué motivo el Estado se retiraría de un acuerdo que firmó como la mejor opción en beneficio de las arcas públicas. En los hechos, le terminará por dar la razón a Boquín, que se opuso y denunció la negociación como irregular. Al festival de cifras que ofrece el cálculo de la deuda arrastrada por más de tres lustros se le puede agregar uno más: 102 cuerpos se acumulan de trámites desde que se inició la demanda. Sólo se podrán agregar fojas. El miércoles, SOCMA se presentó ante la Sala B y solicitó una "salida razonable" al problema, pero defendió el acuerdo firmado y cuestionó el dictamen de Boquín. Allí propuso la idea de llevar adelante una "audiencia pública". Ayer, el Gobierno mostró sincronía en una propuesta abierta similar. El problema es que sería una herramienta novedosa: no hay antecedentes en los tribunales locales de una disputa donde el Estado como un actor de derecho privado versus una empresa residual resuelva un diferendo de esa manera. Macri en su discurso hizo énfasis en un punto cierto: "No hay nada cerrado". Legalmente, el acuerdo cerrado es el acuerdo homologado y eso aún no ocurrió. El impasse les permitirá esquivar a Boquín y ganar más oxígeno, ya que la fiscal no puede intervenir si el convenio se retira. Pero el Gobierno también dijo "que no hubo ningún hecho consumado" en un doble sentido y con la mira puesta en la imputación formulada por el fiscal Juan Pedro Zoni. Argumentarán que no se consolidó ningún delito porque el acuerdo finalmente no se llevó a la práctica.

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