Llaman a gremialistas afines por cambios en obras sociales

El Gobierno convocó a sindicalistas afines para el 7 de septiembre para anunciarles medidas relacionadas con las obras sociales. Se trata del demorado encuentro previsto inicialmente para la semana pasada, luego organizado para hoy, y ayer postergado para la nueva fecha. De acuerdo con el llamado, el encuentro se hará en la Casa de Gobierno con la posible presencia de Cristina de Kirchner y la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld.

Resueltas las paritarias y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, los recursos de las organizaciones de salud pasaron a ser la principal preocupación de los gremios. Por caso, Hugo Moyano analizó ayer en su CGT la marcha de las demandas judiciales que presentará su sector contra el Estado. Entre sus opositores, los «gordos», «independientes» y exaliados que se apartaron de su lado optaron por la vía de la negociación, que hasta ahora exhibió nulos resultados.

Hasta ayer los sindicalistas involucrados en las negociaciones apenas tenían confirmación de la fecha del encuentro, pero ningún dato concreto acerca de los posibles anuncios. En el menú de opciones que le llevaron a Korenfeld figuran desde una rebaja en los aportes de las obras sociales al fisco, el pago de toda o parte de una deuda con esas entidades de 2.300 millones de pesos hasta el pago directo, por parte del Estado, de los reintegros a los pacientes por tratamientos médicos complejos. Incluso se planteó la posibilidad de la creación de un banco de drogas que tuviese a su cargo la compra de medicamentos para las prestaciones más costosas.

Las alternativas son las deseadas por los gremialistas. De todos modos, por lo bajo reconocen que algunas líneas del Gobierno manejan opciones ligadas a uno de sus mayores temores: la consideración de los recursos de las obras sociales como fondos públicos, y por lo tanto sujetos al manejo directo del Ejecutivo. Los negociadores le atribuyen esa iniciativa a Luciano Di Césare, número uno del PAMI y artífice de la intervención de Korenfeld en la Superintendencia.

Como alivio, los sindicalistas dan por hecho que Cristina de Kirchner no elegirá avanzar en esa línea en momentos en que la oposición a Moyano procura construir una nueva CGT, dialoguista y más numerosa, en un congreso el 3 de octubre próximo. Un zarpazo sobre los fondos de las obras sociales terminaría por juntar a todos los sectores de la central obrera, razonan los dirigentes.

Las gestiones estuvieron a cargo de los «independientes» Andrés Rodríguez (estatales de UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), y del «gordo» Armando Cavalieri (comercio), junto con los abogados de sus respectivos sindicatos. En las reuniones técnicas se le acercaron a Korenfeld todas las alternativas y la funcionaria se limitó a escuchar.

La opción de mínima será la agilización en el pago de expedientes por tratamientos de alta complejidad. Son los que debe reembolsar la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo que en julio fue absorbido por la Superintendencia. El ritmo de distribución de fondos se redujo a entre un quinto y un octavo del habitual a partir del ingreso de la exdiputada santacruceña en el organismo, en marzo pasado. Según los dirigentes, ese anuncio en soledad no será suficiente para apaciguar los ánimos.

Otra chance es una baja del 15% al 10% en la retención que la AFIP practica sobre los aportes de las obras sociales para destinarla al fondo con que debería cubrir los tratamientos más caros. Y también, la actualización de los valores reconocidos para los reembolsos, que permanecen inalterables desde hace dos años.

Dicho de otra forma, el Estado devuelve a las obras sociales por un trasplante o un tratamiento de cáncer el mismo dinero que pagaba en 2010, sin actualización alguna por inflación. Los especialistas comentan que además de pagar con valores desactualizados, los reembolsos se con-cretan con atraso y con cuentagotas, con lo que calculan que apenas logran cubrir el 30 por ciento de esas prestaciones costosas.

Moyano, en cambio, eligió la vía judicial.

Ayer puso en común con sus aliados el avance de más de una docena de reclamos de sindicatos de su CGT. Y también convocó para el 5 de septiembre a una marcha al INADI para denunciar lo que su sector entiende como una discriminación contra los trabajadores por la no universalización de las asignaciones familiares.