Lobby español hizo demorar anuncio oficial sobre YPF

La presidente Cristina de Kirchner soslayó ayer una medida drástica sobre YPF, pero reafirmó los cuestionamientos que venía realizando a la petrolera. Advirtió además que va a utilizar los mecanismos que le permite la Constitución en alusión a que las provincias son las propietarias de los hidrocarburos, por lo cual no pareció sólo nostalgia la referencia a que Santa Cruz quería llegar al 5% de las acciones antes de que ingresara Repsol como accionista principal entre 1998 y 1999.

La actitud presidencial pareció insinuar el inicio de negociaciones con los accionistas de YPF -Repsol y el grupo local Eskenazi- que están virtualmente cortadas desde hace un mes y medio, cuando el Gobierno emprendió públicamente contra la empresa acusándola de abuso de posición dominante y obligándola a bajar el precio del gasoil para el transporte. El desencuentro, en tanto, había comenzado en noviembre, cuando YPF decidió repartir y repatriar dividendos por u$s 1.200 millones en plena crisis cambiaria.

En lo inmediato está además pendiente la intención del Gobierno de que Repsol pague desde el exterior los barcos de gasoil que YPF necesita para abastecer al mercado interno. Si no lo hace, el Gobierno le aplicaría sanciones y multas y suministraría combustible a las estaciones de la red de la petrolera con importaciones hechas por ENARSA.

Conversaciones condicionadas

Fuentes de YPF indicaron ayer que la empresa está dispuesta a conversar sobre los temas que al Gobierno le interesan, siempre que no sea en un clima tenso que hace perder valor a la empresa y le puede traer dificultades en los mercados de crédito.

Pero a última hora de la noche, los ministros Julio De Vido y Hernán Lorenzino desmintieron en un comunicado «la existencia de un grupo técnico de trabajo conjunto con el Gobierno español sobre temas relativos a Repsol-YPF». «De ninguna manera los temas relativos a Repsol-YPF forman parte de una agenda bilateral entre España y la Argentina. Dichos temas son de estricto orden interno y, por lo tanto, se ciñen exclusivamente al marco regulatorio, la legislación y las decisiones políticas de la Argentina», agregó la nota.

La formación de dos grupos de trabajo consta en una nota publicada ayer por El País de Madrid, según la cual «el ministro español de Industria y Energía, José Manuel Soria, viajó el lunes de madrugada a Buenos Aires para reunirse de urgencia con el de Planificación argentino, Julio De Vido, y tratar el problema de Repsol-YPF en la Argentina». La publicación indicó que «tras su estancia de doce horas en la capital, Soria regresó a Madrid con la tranquilidad de que se crearían dos grupos técnicos de trabajo -uno en la Argentina y otro en España- para resolver los desencuentros que existen entre la petrolera y el Gobierno». Según El País, «otras fuentes indicaron, además, que el rey de España llamó esta semana a la presidente argentina para mediar por los intereses de la industria energética española».

En el discurso, la Presidente centró las críticas a YPF en tres aspectos. Primero, en la baja de la producción de petróleo, para lo cual mostró que la caída se registra desde 1999, cuando Repsol se quedó con más del 95% del capital de la petrolera argentina. Segundo, en el crecimiento de las importaciones de combustibles durante 2011, y por último, en el valor del combustible de aviación para Aerolíneas Argentinas.

Compras

La Presidente aseguró que uno de los temas que deberá abordar el Poder Ejecutivo es «el incremento exponencial de la importación de combustible por la caída de su producción». Dijo que las compras externas pasaron de u$s 300 millones en 2010 a más de 1.000 millones en 2011, con un crecimiento del 179%.

Precisó que «la mayor producción de YPF se dio en 1999» y desde ese momento «la caída fue estrepitosa». Advirtió además que usará «todas las herramientas» legales posibles para asegurar el abastecimiento de combustibles a precios competitivos. También aseguró que la producción de petróleo y derivados es una «cuestión de defensa del interés de los argentinos», por lo que su administración va a «utilizar todas las armas que da la Constitución nacional».

La Presidente indicó, asimismo, que la diferencia entre el precio al que YPF le vende combustible a Aerolíneas Argentinas y el costo de éste es de prácticamente un 200%. Remarcó que «el costo anual que Aerolíneas tiene en combustible es de u$s 500 millones», y precisó que «el costo del barril del combustible que se le hace a Aerolíneas es de u$s 86 en Aeroparque y u$s 96 en el interior». «Porque además se cartelizan con otras empresas, y en realidad le está costando entre u$s 29 y u$s 31 a YPF».