Macri se juega en el Congreso el blanqueo y la Corte Suprema

Rogelio Frigerio, Liliana Fellner y Miguel Pichetto

La orden de Mauricio Macri fue directa: aprobar los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz el próximo miércoles en el Senado. Y sancionar ese mismo día, en Diputados, el programa económico que incluye pago de sentencias a jubilados, reforma a Bienes Personales, liberar en diferido el aguinaldo de Ganancias, blanqueo de capitales y hasta una nueva moratoria jubilatoria para mujeres de 60 a 65 años.

Para cubrir esas dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el oficialista Cambiemos necesita dos tercios de los votos presentes el próximo miércoles en el Senado. Desde la Casa Rosada, donde gestionan los votos con los gobernadores de provincias, prefieren ser cautos. Aunque sólo cuentan con 15 senadores propios, ya arañan el número. El oficialismo trabajará esta semana sobre un cuarteto de votos femeninos para garantizarse esa mayoría agravada: la bonaerense María Laura Leguizamón, la jujeña Liliana Fellner (ambas del FpV), la peronista adolfista Liliana Negre de Alonso, y la rionegrina del ARI, María Odarda, una de las promotoras de cupo femenino en el máximo tribunal.

En caso de urgencias, y de ser necesario bajar el número de presentes en la sesión para facilitar los dos tercios, el oficialismo cuenta con tickets para la reunión anual del Parlatino que se celebra justamente el próximo miércoles en un destino traumático: Allí parlamentarios de toda la región y expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), participarán en un foro sobre el balance y perspectivas de la actual situación económica y social del continente.

La política de indicios de la Cámara alta refleja un escenario complicado para el principal bloque opositor, el Frente para la Victoria de Miguel Pichetto. Salvo en la ley antidespidos, esa bancada votó siempre dividida. Pichetto comanda a los senadores alineados con los gobernadores. Otra docena de integrantes del FpV, con Anabel Fernández Sagasti (La Cámpora) a la cabeza, responde a Cristina de Kirchner y se niega a votar los pliegos enviados por Mauricio Macri luego de resbalar en su intento por ocupar las vacantes por decreto. En el sector de Pichetto aseguraban anoche que no hay números claros de cara a la sesión. Y que esta votación excede al Senado y depende directamente de la relación Nación-provincias, a cargo de Rogelio Frigerio.

La última reunión de bloque de FpV en el Senado, el martes pasado, no terminó bien. El colectivo peronista no logró unificar posturas ya que el sector de La Cámpora se negaba a aportar votos para cubrir las vacantes. Sin embargo, los legisladores alineados con los gobernadores tiene otras urgencias en sus distritos que dependen de fondos nacionales. Pichetto se adelantó y otorgó libertad de acción en el FpV. El objetivo de la Casa Rosada, al igual que la votación de pago a los holdputs, es el voto del jefe de bloque del FpV. El senador por Río Negro ya avisó que tanto Rosatti como Rosenkrantz son idóneos y cumplen con los requisitos técnicos, académicos y profesionales para el cargo. Pero se reserva su voto para el miércoles.

Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), siempre y cuando no viaje al exterior, acompañaría los pliegos. El jefe del interbloque Cambiemos, el radical Ángel Rozas, será el encargado de explicar la postura del oficialismo: siempre y cuando se aprueben el miércoles los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno nacional está dispuesto a abrir el debate por la ampliación de la Corte Suprema a siete integrantes a través del cupo femenino, como reclaman Odarda, Negre de Alonso, el kirchnerista Juan Manuel Abal Medina y un sector de La Cámpora.

El ultrakirchnerista Marcelo Fuentes, quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales, dio otra señal que no pasó inadvertida y anunció que mañana abrirá formalmente el debate sobre la necesidad de ampliar el número de la Corte en un plenario de comisiones, con el tratamiento de un proyecto presentado por el puntano Rodríguez Saá, que propone respetar el cupo femenino y la regionalización.

La sesión especial del miércoles en Diputados asoma menos complicada para Cambiemos. El interbloque oficialista depende de los votos de Sergio Massa y Diego Bossio para aprobar el proyecto y girarlo al Senado. El colectivo del PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI cuenta con 87 diputados, más 36 bancas del Frente Renovador y otros 17 del Bloque Justicialista.

El Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados establece el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con los trabajadores pasivos por la falta de actualización de sus haberes conforme marca la ley y a distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durará tres años, pero su vigencia podrá ser prorrogada por el Congreso por otros tres más, aunque el Gobierno de Macri prevé pagar en dos años la deuda con los 2,4 millones de jubilados.

El Estado hará frente a estas erogaciones con el Fondo de Sustentabilidad de Garantía (FGS) que está compuesto por una serie de activos que suman en la actualidad 770 mil millones de pesos, mientras la deuda por sentencias firmes alcanza a 50 mil millones de pesos, a la que se añade un flujo anual de 75 mil millones.

Una segunda fuente principal para el pago de la deuda previsional será lo recaudado por el régimen de blanqueo de capitales, que es el otro gran capítulo de esta ley ómnibus. El proyecto crea, además, la Pensión Universal para la Vejez, que supone el 80 por ciento del haber mínimo jubilatorio para todas las personas mayores de 65 años, siempre que no cobren jubilaciones ni pensiones.

La ley ómnibus cuenta con un anexo en el que se formaliza el acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y los gobernadores para devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal que la Nación les retiene a las provincias para financiar la ANSES.