Magistratura: estalla la pelea por fondos

El plenario de ayer en el Consejo de la Magistratura, el primero tras poco más de dos meses sin actividad, tuvo momentos escandalosos cuando un grupo de integrantes del gremio de empleados judiciales que conduce Julio Piumato (CGT opositora) tomó la palabra para denunciar supuestas irregularidades en la contratación de servicios por parte del cuerpo colegiado.

Los destinatarios del reclamo fueron el titular del Consejo, Mario Fera (habitualmente cercano al kirchnerismo, aunque por estos días distanciado), y el administrador Germán Krieger.

Antes de que comenzara el plenario tomó la palabra un grupo de gremialistas, quienes sostuvieron que con los fondos que se destinan al servicio de recolección de residuos en los tribunales se podría efectivizar a las personas que hacen ese trabajo actualmente tercerizado.

La sindicalista Mónica Pauluk fue más allá y habló de supuestos sobreprecios con las empresas de recolección de residuos en las dependencias judiciales. Afirmó que el tema ingresó a la Comisión de Administración y Financiera en 2009 y desde ese entonces nunca se avanzó en definiciones concretas.

En dicha comisión se había organizado un grupo entre gremialistas y consejeros para analizar la incorporación de tercerizados. El principal obstáculo no sería sólo presupuestario, sino también por los requerimientos administrativos para definir ingresos al Poder Judicial. Una cuestión que sobrepasa al Consejo.

No se trata de un tema nuevo. Hace tres semanas, el servicio de recolección de residuos se vio interrumpido por supuesta falta de pagos por parte del Consejo. Fera requirió fondos a la Corte Suprema y finalmente acudió a la Jefatura de Gabinete para lograr la reasignación de una partida. En el máximo tribunal dudan sobre los criterios que existen en el cuerpo colegiado al momento de las contrataciones.

Más álgida se tornó la situación cuando intervinieron empleados del área de sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que trabajan para el Consejo y que sostuvieron que existen diferencias entre los salarios que acordaron al incorporarse y el monto que finalmente recibieron. Adujeron que los contratos celebrados en el Poder Judicial son por $ 11.000 mensuales, de los cuales sólo perciben $ 4.000 . Ni Fera ni Krieger supieron dar respuestas sobre los $ 7.000 restantes.

Acusaciones y escenas que dejaron a los consejeros en silencio, con la única excepción del senador kirchnerista Marcelo Fuentes, quien requirió a Fera y s Krieger que aporten documentación. Estos documentos estarían en la Comisión de Administración, a pesar de que Piumato sostiene que dichos expedientes han desaparecido.