Emilio Monzó y Nicolás Massot se comunican en la sesión de Diputados que comenzó ayer a las 12.30 y podría durar 20 horas. Se votó acceso a la información pública y eliminación de IVA para canasta social.
La Cámara de Diputados sesionaba en la madrugada de hoy para definir el futuro de la ley antidespidos, impulsada por las centrales obreras y por dictámenes divididos del peronismo parlamentario. En minoría numérica y sin número para resistir la prohibición de despidos por 180 días y la doble indemnización, el interbloque oficialista Cambiemos dejaba avanzar en el recinto de Diputados de manera pragmática el proyecto aprobado por el Senado para ahorrar tiempo, que se convierta en ley y encaminar esa iniciativa al inexorable veto presidencial de Mauricio Macri.
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Ante la resignación por la sanción de la ley, impulsada por el Frente para la Victoria y el Bloque Justicialista con el dictamen proveniente del Senado, el Frente Renovador de Sergio Massa -con dictamen propio y capítulo aparte para promoción al empleo en las pymes con un costo fiscal de al menos 27 mil millones de pesos-, y hasta el Partido Socialista de Hermes Binner, el oficialismo se disponía a abstenerse a la hora de la votación para apurar la sanción de ley y cerrar el debate, al menos, dentro del Congreso. La estrategia de Cambiemos apuntaba a enderezar esa ley hacia el primer veto de Macri y esperar la reacción de los gremios encabezados por Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo.
El interbloque Cambiemos, comandado por el radical Mario Negri y el macrista Nicolás Massot, desdobló su juego parlamentario. Optó por que se convierta en ley la versión de la ley antidespidos que defiende el FpV de Héctor Recalde, alineado con Cristina de Kirchner más que con los gobernadores del PJ, para polarizar superficialmente con la expresidente. Sin embargo, el golpe político del PRO, UCR, Coalición Cívica estuvo dirigido al Frente Renovador de Massa.
El Poder Ejecutivo Nacional optó por el mal menor: se resignó a vetar la ley del kirchnerismo avalada por las CGT pero evitó que avance el proyecto de Massa que también contaba con respaldo de las pymes. El mal menor y el veto menos doloroso en términos políticos.
El atajo de Cambiemos para eludir a Massa y apurar el veto presidencial disparó un cruce en el Salón de los Pasos Perdidos entre el jefe del FR y el radical Negri. "Me sorprendiste con esto de que se iban a abstener. ¿No tienen un dictamen de rechazo?", preguntó Massa. Negri le respondió: "¿Y qué querés, si ustedes iban a acordar ayer (con el kirchnerismo), en el mundo peronista?".Massa, molesto por la posibilidad de que el dictamen de su bloque no sea aprobado y finalmente se sancione la iniciativa tal cual vino del Senado, contestó: "Te diste vuelta como una media y no lo podés explicar".
La sesión comenzó pasadas las 12.30 cuando el oficialismo dejó en evidencia su estrategia. En vez de bloquear el quórum para impedir el debate, los diputados de Cambiemos bajaron puntuales a ocupar sus bancas. En la reunión de Labor Parlamentaria del martes por la tarde, se había acordado el orden de los proyectos a debatir: primero la ley de acceso a la información pública, aprobada cerca de las 18.30 con 229 votos a favor y sólo cuatro rechazos del Frente de Izquierda, luego siguió la sanción del proyecto de devolución del IVA a beneficiarios de planes sociales -también con cinco dictámenes diferentes-, y en último término se comenzó a debatir la ley antidespidos. La duración de la sesión estaba calculada en más de 20 horas.
Hubo un primer gesto de cordialidad entre Cambiemos y el FpV. El oficialismo postergó la decisión de votar el proyecto para autorizar a la Justicia a "allanar el domicilio particular y las oficinas" del diputado nacional Julio De Vido. Los abogados del exministro invocaron los fueros parlamentarios y el proyecto necesitaba dos tercios de los presentes para ser votado.
El proyecto de acceso a la información pública pasó al Senado para su sanción definitiva, aunque comenzará a regir recién pasado un año de su publicación en el Boletín Oficial. El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli (PRO), defendió la propuesta del Ejecutivo y consideró que "tiene una importancia superlativa en la lucha contra la corrupción". Por su parte, la legisladora del Frente Renovador Graciela Camaño advirtió que la norma "no es una base de datos para los diputados", sino un instrumento que protege un "derecho fundamental" y sirve "para empezar a sembrar la obligación en los tres poderes del Estado".
La iniciativa establece que todos los ciudadanos están habilitados para pedir en forma gratuita información a cualquier organismo de la Administración Pública Nacional y que esa solicitud deberá "ser satisfecha en un plazo no mayor de quince días hábiles" (con prórroga de otros 15). Ante la denegatoria de una información, el solicitante tendrá un plazo de hasta 40 días para interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo que se creará a partir de esta ley y que tendrá un director elegido por el Poder Ejecutivo.
En el inicio del debate, la oposición fracasó en su intento de aprobar una declaración en "repudio al golpe de Estado" en Brasil, en alusión al juicio político que suspendió en sus funciones a la presidenta Dilma Rousseff.
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