Marijuan versus Gils Carbó en guerra de fiscales

Alejandra Gils Carbó

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, podría ser indagada a pedido de un subordinado que le endilgó nombramientos supuestamente irregulares. El planteo fue hecho por el fiscal federal Guillermo Marijuan al juez Sebastián Casanello en una denuncia hecha por el senador radical Mario Cimadevilla. La disputa gira en torno de la creación por parte de Gils Carbó, referente de Justicia Legítima, de procuradurías especiales paralelas a las fiscalías regulares.

En línea con la demanda de Cimadevilla, el fiscal le achacó a Gils Carbó la supuesta comisión de delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por la designación de Carlos Gonella al frente de la procuraduría antilavado de dinero (Procelac). Esa unidad fue la primera creada por la procuradora una vez que asumió su cargo, el año pasado. Luego creó otras para casos de narcotráfico y trata de personas, entre otros.

Las procuradurías especiales preocuparon a los fiscales ordinarios. Los representantes del Ministerio Público en los tribunales de Comodoro Py lo interpretan como un avance sobre sus funciones con fiscales subrogantes o ad hoc, sin nombramiento por parte del Senado.

Marijuan es el primero en plantear un enfrentamiento abierto con su jefa máxima. La controversia entre ellos surgió con el caso por presunto lavado de dinero contra el empresario santacruceño Lázaro Báez. Es que Gonella, a cargo de la Procelac, resolvió no imputar a Báez ese presunto delito y acotar la acusación al empresario Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar, que habían relatado en un programa de televisión supuestas maniobras que los tenían como protagonistas junto al santacruceño.

Para Marijuan, la procuradora creó las unidades especiales y luego las completó "con funcionarios con atribuciones de magistrados, careciendo de la debida legitimidad y poniendo en peligro, de este modo, toda investigación en la que aquéllos pudieran intervenir asumiendo ese carácter".

"Queda absolutamente claro que no sólo es ilegal una subrogancia que no respeta el régimen legal previsto de sustitución sino que, además, es reprochable por su ilicitud crear un cargo para investir de magistrado subrogante a una persona en particular y ponerla en funciones cuando ella no ha cumplido con las exigencias constitucionales que establecen su consagración como fiscal de la Nación", agregó para sostener su pedido de indagatoria.

Cerca de Gils Carbó dijeron que la denuncia sólo apunta al nombramiento de Gonella cuando se calcula que hay 38 fiscales subrogantes o ad hoc. Y advirtieron que, de generalizarse las objeciones a esos nombramientos podrían caer causas por delitos de lesa humanidad que fueron impulsadas por funcionarios en esas condiciones.