Más expectativas sobre anuncio

Recién el jueves 19 vence el plazo que el Gobierno de Chubut le dio a YPF para rever el plan de inversión en el área Manantiales-Behr que representa el 10% de la producción de la petrolera. Ese sería el límite máximo que tendría el Gobierno de Cristina de Kirchner para anunciar una decisión sobre YPF. Porque no es imaginable que Chubut se arriesgue a rescindir el área sin un proyecto nacional atrás, ya que abriría un conflicto judicial afectando el nivel de actividad y de empleo y disminuyendo en casi un 12% las regalías percibidas por la provincia.

En medios empresarios se cree que ya no hay marcha atrás en la decisión de que el Estado tome el control de la petrolera, pero que todavía falta definir el mecanismo que se utilizará y los resguardos legales a adoptar para evitar un juicio y un impacto negativo a nivel internacional. Por el momento lo único cierto son los rumores crecientes, a los que se unieron en las últimas horas proyectos de ley, uno de los cuales está fogoneado por el exministro de Carlos Menem, Roberto Dromi. Lo otro real es que las versiones y las medidas tomadas por la administración nacional desde enero y las reversiones de áreas e intimaciones cursadas por las provincias, hicieron descender en casi un 33% el valor bursátil de la empresa. Esa caída se produjo desde el viernes 27 de enero, cuando el papel cerró a $ 183,5, un día antes de que se conoció la primera versión de reestatización y 48 horas después de que Cristina de Kirchner reasumió la presidencia y cuestionó por primera vez en público a YPF por la caída de la producción y el aumento de las importaciones de combustibles.

Sobre la acción, se extiende la presunción de que el Gobierno busca bajar el valor de la petrolera antes de sentarse a negociar un precio para entrar, y que está logrando el impacto deseado. No obstante, si no hay una negociación y un acuerdo sobre el importe a pagar, los accionistas podrían argumentar en un juicio a nivel del CIADI (comité arbitral que depende del Banco Mundial) que la caída de la acción estuvo relacionada con decisiones oficiales. Esa posibilidad no pasaría inadvertida al Gobierno que por eso se habría anticipado a la jugada con la investigación abierta por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que se presume que la acción tiene altibajos pronunciados originados en la empresa.

De los rumores que circulan surge que el Gobierno primero anunciaría un proyecto de ley que le permita tomar el control de YPF y recién después entraría en conversaciones con los accionistas principales: la española Repsol y el grupo local de la familia Eskenazi. También se afirma que apenas esté decidido el proyecto, la Presidente lo anunciará sin esperar a una fecha determinada. De este modo, se desdibuja la versión de que el anuncio se hará el próximo jueves 12.

Hay quienes afirman que para esa fecha están convocados gobernadores y legisladores en la Casa Rosada. Otros creen que la fecha sólo surgió luego de que el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, dijo al terminar la última reunión de la OFEPHI (Organización Federal de Productores de Hidrocarburos) que el próximo paso será presentar un informe de lo realizado por las provincias a la Presidente ese jueves 12.

Por eso circuló la fecha vinculada a la intimación de Chubut, que de todas formas ayer salió a resguardarse. El gobernador Buzzi aseguró el último sábado en un comunicado: «Estamos reuniendo información muy precisa sobre el incumplimiento de la empresa en nuestra provincia, razón por la cual nuestra decisión es continuar con el proceso de reversión en otros cuatro yacimientos que YPF tiene concesionados en Chubut, comenzando por Manantiales-Behr». Pero ayer el ministro provincial Ezequiel Cufré dijo que se intimó a YPF para que en el término de 10 días rectifique el plan propuesto para este año en Manantiales-Behr. Agregó que en el proyecto presentado, la empresa «se compromete a invertir un 70% menos que en 2011 con un plan de trabajo inferior en un 60% en referencia a los pozos perforados, por lo que analizamos que esto puede tener un impacto negativo en la producción, en el servicio y en la mano de obra».