Tierra del Fuego - Los nuevos aires de paz que presenta la relación entre la gobernadora Fabiana Ríos y Cristina de Kirchner -con préstamos de fondos incluidos- no alcanzan para paliar la crisis financiera que padece la provincia. Sumados a los problemas de caja, las trabas de la oposición llevaron a que el Ejecutivo resuelva «ajustar el presupuesto» a un nuevo esquema con menos recursos que lo planeado.
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A este panorama se suman los durísimos cuestionamientos de los órganos de contralor locales al convenio firmado con un grupo inversor chino para la instalación de una planta productora de metanol. De esta manera, los principales objetivos del Ejecutivo para restablecer el orden en las cuentas de la provincia corren peligro, y la postal se agrava con los reclamos salariales por parte de los gremios. El escenario obligó a la mandataria arista -tras la decisión de la Legislatura provincial de archivar el proyecto de extender las obligaciones fiscales- a anunciar que se «ajustará el presupuesto a los recursos que efectivamente tendremos». Sin embargo, remarcó que cualquier tipo de ajuste que se encare se hará «de arriba hacia abajo, y no al revés».
La tarifaria fue uno de los primeros proyectos que envió Ríos a la Legislatura cuando asumió; contemplaba un nuevo régimen de obligaciones fiscales que tenía como principal objetivo que tributaran las actividades que hasta el momento gozaban del beneficio de la denominada tasa cero. A ello se sumaría la implementación de estrategias para bajar los índices de evasión impositiva, que de acuerdo con la información vertida desde la Dirección de Rentas de la provincia, en algunas actividades llega al 90% y al 100%.
Ríos consideró que a partir de la decisión adoptada por la oposición en la Legislatura -de no aprobar el proyecto, luego de prórrogas y modificaciones con idas y vueltas- «se construye una nueva realidad, con una determinada cantidad de recursos menos». A partir de esto, no sólo reformularemos el presupuesto, sino también invitaremos al resto de los actores de los demás poderes del Estado y otros sectores de la sociedad civil, para poder definir con paz social las prioridades de acuerdo con los recursos disponibles», agregó.
En el contexto de las pujas provinciales, propuso que en el corto plazo se realice «la consulta popular sobre la renegociación de los contratos petroleros, lo que representa una fuente de ingresos inmediata». Pero en principio queremos que haya un acompañamiento social a esto», aclaró.
La postura de los gremios públicos es considerada importante, ya que marca el ritmo de su gestión desde que asumió, y más ahora que reclaman mejoras salariales ante la merma de fondos. Pero la mandataria arista reiteró que «no hay recursos».
El escenario se complica aún más, ya que el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, resolvió que el convenio suscripto entre el Gobierno provincial y la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química SA «no se ajusta a la legislación vigente».
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