Más quejas por el gas: 100% del aumento va al Estado

Antonio Pronsato

Una familia tipo de Capital Federal que vive en una casa de cuatro ambientes debe pagar una factura de gas de $ 385,11 por el consumo desde el 30 de abril al 30 de junio. De esa suma, $ 191,11 corresponden al Decreto 2067 de 2008 por el cual el Gobierno nacional creó un cargo en las facturas de gas por metro cúbico consumido, para afrontar el gasto de importar el producto desde Bolivia o para comprar GNL a regasificar en un buque que opera en el puerto de Bahía Blanca entre fines de mayo y mediados de setiembre.

Dicho de otra forma, sin el cargo, la misma familia hubiera pagado $ 194, incluyendo el aumento autorizado para las petroleras productoras de gas que también se aplica desde la primavera de 2008.

Esta diferencia de casi el 100% para que el Estado baje el nivel de los subsidios al gas es lo que está provocando un fuerte malestar en los usuarios, que se refleja en acciones judiciales de las entidades de consumidores, los consejos deliberantes de varias localidades, el Gobierno de Chubut y el defensor del pueblo de la Nación.

Esas acciones derivaron, a su vez, en medidas cautelares de la Justicia que, con distinto formato, frenan el cobro del cargo tarifario en Salta, Jujuy, Tucumán, Chubut, Santa Cruz y la localidad de Escobar en el conurbano bonaerense. Falta además que la Cámara en lo Contencioso Administrativo defina si acepta el pedido de amparo solicitado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que podría tener alcance en todo el país.

Fuentes oficiales creen que detrás de las quejas y las acciones judiciales hay «una operación política» para debilitar al Gobierno y además restarle recursos en un apretado escenario fiscal.

El ente regulador (Enargas) salió ayer a afirmar que «en el área metropolitana sólo un 11,35% de los usuarios son pasibles en el invierno (de mayo a setiembre) de abonar el cargo establecido para la importación de gas, que significa un alza total en sus facturas entre el 68,9% y el 104,6%».

Porcentajes

El Enargas, presidido por Antonio Pronsato, insistió además en que el 51,48% del volumen de gas con que se abastece a la Capital Federal es consumido por el 11,35% de los usuarios que pagan el cargo. También reiteró el organismo que los aumentos no van del 400% a 700% si se comparan bimestres con igual temperatura, aunque el salto llega a esa magnitud si la factura del bimestre mayo-junio se contrasta con la de marzo-abril, en los cuales el consumo de gas es mucho menor.

Según el ente regulador, sobre 6.860.663 usuarios en todo el país, sólo el 18,29% está alcanzado por el cargo, mientras queda excluido el 81,71%». El resultado es 1.250.000 hogares afectados en todo el país.

En la localidad de Junín de los Andes, en Neuquén, el intendente manifestó la preocupación por los «elevados costos» en las facturas de gas y adelantó que habrá una reunión con los pares de otras localidades de la provincia, diputados y senadores, para analizar la situación y elevar una presentación a la Justicia.

Objetivos

En Río Negro, el vicegobernador Bautista Mendioroz informó que pidió una reunión urgente a Pronsato a través de una nota en la que afirma que «los objetivos principales del Enargas son proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas, razonables y aseguren la confiabilidad del suministro».

En las provincias del Sur, donde por razones climáticas se consume más gas, la suba en las facturas coincide con retrasos en los pagos de los empleados públicos y con buena parte del personal petrolero suspendido y cobrando la mitad de los ingresos percibidos cuando hay actividad.

Por eso, hay autoridades que temen que las facturas de gas terminen empujando un estallido social. Para peor, el aumento que pagan los usuarios a través del cargo va todo para las arcas del Estado nacional. Mientras las transportistas y la mayoría de las distribuidoras gasíferas del país no tiene ajuste en sus márgenes desde 2001, y las petroleras justifican la reducción de la actividad en el Sur en que el precio que reciben por el gas no es rentable.