Más ruidos en el radicalismo

La UCR envió el expediente de Gustavo Posse al Tribunal de Conducta partidario de la provincia de Buenos Aires para evaluar una eventual sanción al intendente radical de San Isidro, quien será candidato del PRO en las elecciones legislativas de octubre. El jefe comunal, que había apoyado al ala alfonsinista del partido para evitar el avance interno de cobistas y dirigentes alineados con los históricos Leopoldo Moreau y Federico Storani quedó ahora aislado dentro de su propio partido, que ayer avanzó en negociaciones con el Frente Amplio Progresista de Hermes Binner.

En el despacho del diputado Ricardo Gil Lavedra, la jefa del GEN a nivel nacional, la diputada Margarita Stolbizer, se encerró con Ricardo Alfonsín y acordaron avanzar en un acuerdo programático para las elecciones de octubre. Despechados por el apoyo de Alfonsín al peronista conservador Francisco de Narváez en las últimas elecciones presidenciales, en el GEN ahora sólo aceptan a los radicales como socios accesorios dispuestos a firmar un contrato electoral de adhesión. Es decir, no están dispuestos por ahora a definir la lista de candidatos de la provincia de Buenos Aires en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

La UCR bonaerense comunicó por escrito las posibles represalias contra Posse. "La Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires viene de ratificar en la Convención provincial celebrada en Olavarría el 2 de marzo último su identidad como partido nacional, progresista, popular y socialdemócrata, que tiene la vocación de ser el instrumento de transformación que la sociedad de la provincia de Buenos Aires necesita, para ser una alternativa al poder hegemónico que ejerce el peronismo en sus diferentes variantes desde hace casi 26 años y que la ha encerrado en una crisis profunda". Y advierten: "La decisión del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, de irse de las filas de la Unión Cívica Radical para formar parte de un frente electoral que, entre otros, integra el sindicalista Luis Barrionuevo; el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quienes representan el modelo de la década menemista de los 90 que destruyó el aparato productivo del país, sumiendo en la miseria y la exclusión a millones de compatriotas, concentrando la riqueza en pocas manos, no sólo es un franco alzamiento ante la decisión unánime de la convención, sino que significa herir la historia, la cultura y la coherencia de nuestro partido. A Posse no lo echamos, se fue solo para juntarse con la derecha y el neomenemismo. Su actitud merece el repudio del radicalismo y de todos los argentinos que se identifican con un país que no quiere retroceder a un pasado que desintegró nuestra sociedad".

"Estas razones son más que suficientes para que por decisión mayoritaria se resuelva elevar al Tribunal de Conducta partidario los antecedentes que emergen de esta decisión del intendente Gustavo Posse, a los efectos de que se apliquen las normas que para este tipo de indisciplina partidaria prevé la Carta Orgánica en su artículo 10 y lo contemplado en el artículo 4º de la Convención provincial de Olavarría", sostiene la cúpula partidaria. El comunicado está firmado, entre otros, por Alejandro Armendáriz, presidente; Sergio Panella, vicepresidente 1º; Cecilia Moreau, secretaria general; Pablo Domenichini, prosecretario general; Mario Helfestein, protesorero; Alberto Conde, secretario de Acción Política y Rossana Galassi Gerez, secretaria de Organización.