Médicos se rebelan para no cobrar a inmigrantes

Mariano Rajoy

Madrid - La indignación crece en España por la decisión del Gobierno de eliminar el acceso gratuito al sistema público de salud a los inmigrantes irregulares, un descontento reforzado ayer por un proyecto del Ejecutivo para proponerles pagos para acceder a los médicos.

«Mi lealtad hacia los pacientes no me permite faltar a mi deber ético y profesional y cometer un abandono», dice un manifiesto firmado en internet por unos 870 médicos de familia.

Firmándolo, los doctores entran a formar parte de una red de «objetores de conciencia» creada en julio por la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (semFYC, formada por 19.500 profesionales) para oponerse a esta medida, que entrará en vigor el 1 de septiembre.

En el marco de sus draconianas políticas de austeridad para intentar reducir el déficit público español del 8,9% del PBI en 2011 a menos del 3% en 2014, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy decidió privar a los inmigrantes sin papeles del acceso gratuito a la salud pública.

Así, los extranjeros en situación irregular sólo serán tratados gratuitamente en los servicios de urgencias, en la atención a las embarazadas y en la asistencia médica a los menores de 18 años.

Los médicos de familia afirman «no poder de dejar de atender a personas que han sido pacientes» y denuncian que la nueva medida «vulnera el código deontológico médico».

Para el Gobierno, se trata de ahorrar «aproximadamente mil millones de euros por año» con esta decisión unida a otra medida destinada a limitar el «turismo sanitario» de los europeos no residentes en España.

Pero, en respuesta al malestar de los médicos, el Ministerio de Sanidad dio un paso ayer para reintegrar a los sin papeles en el sistema público de salud. A condición de que paguen.

Convenios

El Ministerio afirmó así estar trabajando en la creación de «convenios» de pago que permitan, sobre todo a los no europeos, «ser recibidos en el sistema público».

Las autoridades parecían reaccionar así a informaciones publicadas por el diario El País según las cuales los inmigrantes irregu-lares deberán pagar 710,40 euros por año si

son menores de 65 años y la suma podría llegar a 1.864,80 euros anuales para los mayores de esa edad.

Entre las asociaciones de defensa de los inmigrantes, la noticia provocó «suma sorpresa y preocupación», afirma Vladimir Paspuel, presidente de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui. «Se va a por las personas más vulnerables, que son las personas indocumentadas», afirma. «Muchos no tienen trabajo o están en trabajos muy precarios donde son explotados», agrega.

Precisó, sin embargo, que su asociación no sería contraria a la introducción de una cuota, aunque menos elevada que las cifras avanzadas ayer. «Esa cuota es muy alta», afirmó.

«Les pedimos a todos los Gobiernos latinoamericanos que éste sea un tema a tratar, el tema de la crisis, el tema de la sanidad, en la cum-bre iberoamericana de noviembre en Cádiz», afirma.

El presupuesto de la salud pública es una de las competencias gestionadas por los Gobiernos autónomos de las 17 regiones españolas y entre las pocas que no están gobernadas por el Partido Popular de Rajoy cuatro -Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco- ya anunciaron que mantendrán la atención gratuita para los sin papeles.

Agencia AFP