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Nace otra agenda judicial: sociedades, reforma derogada y Magistratura
Germán Garavano
El futuro ministro de Justicia pasó el día de ayer con su grupo de colaboradores ultimando designaciones. Todavía quedan por definir tres sillas que serán cruciales: la secretaría de Justicia, la representación del ejecutivo ante la Magistratura y la subsecretaría de Política Criminal. La segunda podría ser para un radical que llegaría con recomendación de Ernesto Sanz.
El envío al Congreso de una nueva ley de sociedades es una oportunidad para Garavano porque alinea a la nueva administración y a la Corte Suprema de Justicia, relación que ha comenzado con aire enrarecido por el fallo a favor de los reclamos por deudas de coparticipación de tres provincias.
Ricardo Lorenzetti tiene la idea de que el esquema de sociedades que incluye el nuevo Código Civil y Comercial requiere múltiples correcciones en parte por las variables que fueron introducidas desde la actual gestión de Justicia.
En el macrismo la idea es similar y por eso está en etapa de redacción un proyecto de ley que antes de ir al Congreso pasará por la Corte y que contiene dos reformas concretas: flexibilizar los requisitos para constituir sociedades unipersonales y darle nueva entidad a los sociedades civiles (esto especialmente por la demanda de los estudios profesionales como abogados, contadores, etc.).
La primera innovación promete sostener la figura de la sociedad unipersonal pero disminuir el rol de los síndicos sobre la misma (actualmente la ley exige por lo menos tres), reducir la carga impositiva (actualmente es del 35% sin importar lo que facture) y reducir los aportes de capital en la fase inicial (que es del 100% a diferencia de otras formas societarias en las que es el 25%).
La batería de condicionamientos que tienen estas sociedades generaron que sean casi obsoletas porque no se utilizan. Debe decirse además que para el kirchnerismo tampoco había demasiados caminos por la necesidad de retirar al país de la lista gris del GAFI, organismo que persigue a los lavadores.
El segundo punto fuerte del proyecto sería darle nueva entidad a las sociedades civiles que utilizan las firmas profesionales que brindan servicios y que requieren estar en una situación más regular respecto a las responsabilidades y sus inscripciones.
La reforma Procesal Penal es el otro desafío que tiene correlato en el Congreso porque Garavano tiene la determinación de derogar la ley de implementación de esa reforma para luego llevarla a cabo.
Garavano es un defensor del modelo acusatorio en la justicia penal y, aunque se diga en voz baja, tiene diálogo con Alejandra Gils Carbó a quien conoce desde años. Ambos comparten el interés por el sistema de ministerio público que rige actualmente en Chile. La procuradora general suele destacar el rol de Garavano en la instalación del modelo acusatorio en la Capital cuando, en los inicios, ese proyecto tenía pocos adeptos.
Derogar la norma de implementación será necesario para revocar los aspectos de la reforma que el nuevo ministro rechaza como que esta comience por la justicia Capital o que el mes señalado para la instauración sea el de abril. Para este proceso será necesario un envión desde el Congreso donde podría jugar un rol rutilante el nuevo subsecretario de relaciones con el Poder Judicial, Juan Mahiques que actualmente representa a la Magistratura en la comisión Bicameral que debe monitorear la entrada en vigencia de la reforma.
Esa comisión está en poder del PJ vía el senador Rodolfo Urtubey quien ante diversos foros empresarios ya ha manifestado objeciones que confriman la posibilidad de derogar la norma actual.
El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo contra la composición actual del Consejo de la Magistratura y que ordena volver al formato anterior también genera inquietud entre los abogados que rodean al nuevo presidente porque si bien valoran la sentencia, señalan que la oposición (el peronismo) tendrá mayores espacios en el pleno a lo que se sumará un asiento permanente para la Corte.
Ocurre que el formato actual será muy funcional al oficialismo que viene. Mauricio Macri, sus socios del radicalismo y los magistrados le darían una mayoría a la cuál, según el caso, podrían agregarse el senador Urtubey, el diputado Recalde o bien el académico Daniel Candis. El kirchnerismo tendría un diputado y tal vez un senador.
Esta aritmética debería cumplirse siempre y cuando los jueces no se distancien del Pro cuando Macri proponga el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad, algo que el gremio de jueces rechaza (en parte) y también los sindicatos.
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