25 de febrero 2010 - 00:00

Nacional, en pocas líneas

SEMINARIO

Buenos Aires - La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) inicia hoy dos jornadas de capacitación a intendentes bonaerenses sobre la rendición de cuentas que deben realizar las cooperativas de trabajo de los subsidios del Programa Argentina Trabaja. Asistirán a la inauguración del encuentro el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli; la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el síndico general de la Nación, Daniel Reposo. Técnicos de la SIGEN, de la cartera de Desarrollo Social, de los tribunales de Cuentas y de las universidades de Buenos Aires y de La Matanza llevarán adelante la capacitación para que los jefes comunales puedan aplicar los fondos que se les otorga desde el Estado nacional para programas sociales. El monitoreo y la asistencia técnica para las cooperativas serán realizados por las casas académicas. El Programa Argentina Trabaja está destinado a personas sin ingresos en el grupo familiar, ni prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o provinciales. En la etapa inicial abarcó aproximadamente a 100.000 titulares de los distritos más excluidos de zonas aledañas del conurbano bonaerense.



Denuncia

Catamarca - Un diputado provincial justicialista denunció ayer penalmente al gobernador radical Eduardo Brizuela del Moral; al ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña; y al directorio de la empresa de Energía provincial por los reiterados cortes de energía que aquejaron a los vecinos este verano.Se trata del legislador Hugo Argerich, quien concretó la presentación ante la Fiscalía General y acusó a los funcionarios de ser responsables directos de los apagones.



Nuevo marco

Santa Fe - El Gobierno del socialista Hermes Binner presentará hoy en la ciudad de Rosario el nuevo marco regulatorio para los servicios sanitarios de toda la provincia.

El acto será presidido por el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio.

El proyecto apunta a reemplazar a la Ley 11.220, vigente desde 1994 y que abrió paso a la privatización de la entonces Dirección Provincial de Obras Sanitarias.

La iniciativa contempla desde la consagración del agua como un derecho humano hasta pasar del actual régimen de tarifa plana a un sistema de bandas de consumo, con tarifas escalonadas en forma creciente que prevén, en el marco de la preservación de un elemento escaso, que a medida que crece el consumo se incremente el costo.

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