Ésta es la situación a la que se enfrentan los familiares de los arrestados durante el último mes y medio en Egipto, que se cuentan por millares, según los islamistas, en lo que las autoridades han denominado como "lucha contra el terrorismo".
Zeinab explica que su hermano, de 51 años, llegó la semana pasada de Arabia Saudita, donde reside, para ver a sus parientes en Egipto y que el viernes fue a rezar a la mezquita de Al Fateh, en el distrito cairota de Ramsés, epicentro de los disturbios .
A lo largo de esa jornada, esta mujer de Mahala al Kubra, en el delta del Nilo, estuvo llamando a su hermano para ver si se encontraba bien, cuando vio que estallaron choques entre partidarios y opositores de Mursi en los alrededores del templo. No fue hasta el día siguiente cuando se quedó petrificada ante el televisor al reconocer a su familiar entre los detenidos por la Policía dentro de esa mezquita.
"¡Mi hermano no pertenece a la Hermandad Musulmana! Nosotros no somos islamistas. Mirá cómo llevo yo el velo", clama la mujer en una de las puertas de Tora, mientras enseña su "hiyab" (velo), que deja entrever algunos cabellos, como muestra de que no sigue de manera estricta la religión. A unos pocos metros, policías vestidos de civil escuchan atentamente las palabras de la mujer y le hacen gestos para que se aleje de la puerta de la cárcel, rodeada de casas humildes.
Tras hacer caso a los agentes, Zeinab recuerda el periplo que la llevó por infinidad de comisarías para averiguar el paradero de su hermano, hasta que se enteró de que estaba en Tora. "No pudo ver siquiera a un abogado", solloza.
En ese momento, la conversación se interrumpe por la llegada de varios policías y dos vecinos del barrio que le piden la documentación y la arrastran a un "tuk tuk" (mototaxi) para que se vaya de allí. Mientras, advierten que los familiares de los presos no tienen permiso para hablar con periodistas.
El abogado Ahmed Abú Baraka, letrado de los Hermandad, grupo al que perteneció Mohamed Mursi hasta que accedió a la presidencia en junio de 2012, coincide con las denuncias de Zeinab.
Detenciones indiscriminadas, falta de acceso a abogados y la prohibición de las visitas de familiares son algunas de las violaciones de los derechos de los presos que enumera, aunque, en su opinión, la más flagrante es su "derecho a la vida".
Y pone como ejemplo lo ocurrido en el penal de Abu Zabal, donde el domingo 36 detenidos murieron cuando eran transportados para ingresar al centro penitenciario, en un suceso del que las autoridades y los islamistas ofrecen versiones confusas.
Queda por ver qué tipo de tribunal se hará cargo de los casos de los islamistas, ya que las autoridades volvieron a imponer el estado de emergencia, vigente durante el régimen de Hosni Mubarak y levantado en mayo de 2012 por la junta militar que tomó el poder tras su caída.
Una fuente del Ministerio del Interior explicó que, a diferencia de la época de Mubarak (1981-2011), a los islamistas detenidos no se les va a aplicar la ley de emergencia por delitos de terrorismo, sino que están acusados de crímenes penales y serán procesados en tribunales comunes.
La fuente negó que estén prohibidas las visitas de abogados ni de familiares a los arrestados -"no hay restricciones", afirmó-, e insistió en que no se investiga a ningún sospechoso sin su letrado.
Según esta fuente, pocos islamistas fueron detenidos en sus casas, ya que la mayoría fueron arrestados "in fraganti" durante actos de violencia contwra comisarías o instituciones gubernamentales o por llevar armas en las calles.
| Agencia EFE |
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