No olvidar impacto de subir impuestos

Una cuestión central a la hora de subir impuestos tiene que ver con la reacción de quienes se verán afectados. Está claro que una suba mínima a muchos generará menor reacción que una suba mayor a unos pocos. Éstos pueden organizarse y manifestar su oposición, inclusive lograr cambios o paralizar la misma reforma.

Algo de esto sucedió con la discusión por la reforma tributaria que acaba de llevar adelante la provincia de Buenos Aires. Solamente se escuchaba hablar del sector rural, y casi nada a la masa de ciudadanos que se iba a ver perjudicada con la suba de las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos, uno de los más nocivos de todos los existentes.

Vale recordar que este impuesto se cobra como un porcentaje de la facturación total (neta de IVA) obtenida por cualquier actividad realizada con fines de lucro. Puesto que el ciudadano común no es el «responsable legal» de este tributo, posee una baja percepción de los costos que su cobro implica, al no encontrarse desagregado en ningún comprobante de compra. De todas maneras, es muy importante tener en cuenta que gran parte del impuesto termina trasladándose a los precios finales de los bienes y servicios consumidos, dependiendo evidentemente de las características propias de cada mercado. A su vez, al cobrarse en todas las etapas del proceso productivo, se termina acumulando y amplificando a lo largo de todo el ciclo, con lo cual su impacto final sobre los precios termina siendo mucho mayor que su aporte en términos de recaudación. Por éstos y varios efectos más, se trata de un impuesto sumamente dañino para la economía. Prueba de ello es que en muchos otros países, como nuestros vecinos Chile, Brasil, Uruguay, o en otros casos más lejanos, como México, EE.UU. o España, no existe un tributo de similares características a las del Impuesto a los Ingresos Brutos.

A pesar de que ya son abiertamente conocidos los efectos distorsivos del IIBB, debido a su potencial recaudatorio es que desde mediados del año 2008 se viene observando en muchas provincias una importante carrera en ascenso de la presión ejercida sobre la actividad económica por este impuesto. Durante 2012, los aumentos parecerían estar tomando protagonismo con la sanción de subas por parte de varias jurisdicciones.

En gran parte de los casos, la suba en la presión tributaria corresponde a incrementos en las alícuotas aplicadas sobre sectores como el comercio, los servicios públicos, la telefonía y las instituciones financieras. También en ciertas jurisdicciones resultan fuertemente afectados los contribuyentes de mayor facturación y las industrias radicadas fuera de la jurisdicción en cuestión. En todas las situaciones, los aumentos en las alícuotas aplicadas son de considerable magnitud, y van desde el 10% hasta inclusive superar el 40%.

Las subas en este tipo de actividades seguramente terminarán repercutiendo en los precios finales de gran parte de los bienes, en las tarifas de los servicios públicos y en la tasa de interés, afectando en definitiva al ciudadano, justo en momentos en que se vislumbran señales concretas de freno en la actividad económica.

Son varios los factores que se conjugan en una falta de ordenamiento de la política fiscal en las provincias argentinas y cuya consecuencia inmediata termina siendo la permanente suba de la presión tributaria sobre los contribuyentes formales de la economía. Entre los principales se destacan el desigual reparto de fondos entre la Nación y las provincias; la estructura procíclica de la recaudación propia provincial; la falta de incentivos para generar fondos anticíclicos en los gobiernos provinciales; la estructura del gasto público provincial, con fuerte predominio del rubro personal y su consecuente inflexibilidad a la baja.

En definitiva, la solución más rápida que se viene tomando frente a estos condicionamientos en la política fiscal subnacional termina siendo aumentar impuestos. Si bien financiar el funcionamiento del Estado con cada vez mayor presión tributaria es menos «visible» que recortar el gasto público, una presión tributaria sin límites puede, a la larga, terminar afectando la recaudación, al incentivar mayores niveles de evasión e informalidad, a la vez que acentúa la desaceleración de la economía.

Frente a este contexto, resulta clave insistir en la necesidad de una nueva discusión de la Ley de Coparticipación de impuestos en la Argentina, que permita garantizar el reparto de fondos entre niveles de gobierno de la manera más justa y equitativa, y que evite la necesidad de constantes aumentos de tributos subnacionales. También resulta esencial avanzar hacia un mejor control y mayor eficiencia en las políticas de gasto público, que permitan el mejor aprovechamiento posible de los escasos recursos disponibles.

En estos días se está viendo que no es indiferente aumentar cualquier impuesto provincial, ya que hay sectores más organizados que defienden sus posiciones de manera férrea mientras otros no lo hacen, ya que les resulta mucho más dificultoso organizarse.