Nueva prisión perpetua para Bignone

El exmilitar Reynaldo Big-none fue condenado nuevamente ayer a la pena de prisión perpetua, al igual que otros cuatro exjefes militares, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en Campo de Mayo, entre ellos el secuestro y desaparición de siete mujeres embarazadas. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín impuso la misma pena que a Bignone, al exjefe del Comando de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, y a los exrepresores Luis Sadi Pepa, Eduardo Corrado y Carlos Macedra.

Además, condenó a Carlos José Somoza a la pena de 25 años de prisión; a Hugo Castagno Monge y Julio San Román, a 20 años; a Eugenio Guarañabens Perelló, a 16 años; a Carlos del Señor Hidalgo Garzón, a 15 años y a María Francisca Morillo, a 12.

El Tribunal, conformado por los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisnero y Daniel Petrone, difirió la lectura completa de la sentencia hasta el 14 de mayo próximo.

Bignone y los demás acusados fueron encontrados responsables por su participación en los delitos cometidos en perjuicio de 23 personas, entre ellas, siete mujeres embarazadas. El juicio incluyó también la apropiación de Laura Catalina de Sanctis Ovando, nieta restituida en 2008, y nacida mientras su mamá, Myriam Ovando, se encontraba detenida ilegalmente.

Juicio oral

El juicio oral comenzó hace casi siete meses para atribuir responsabilidades por los delitos de lesa humanidad a Bignone, Riveros, Luis Sadí Pepa, Eugenio Guarañabens Perelló, Julio San Román, Hugo Miguel Castagno Monge, Eduardo Corrado, Carlos Macedra, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo.

En tanto, a Osvaldo García, director de la Escuela de Infantería dependiente del Comando de Institutos Militares y responsable de los delitos cometidos en el "Área 450", se le suspendió el proceso por razones de salud.

Del Señor Garzón y Morillo fueron acusados por la apropiación de Catalina, que recuperó su verdadera identidad en 2008, tras la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.

En esta causa actuaron como querellantes la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Laura Catalina de Sanctis Ovando y Juliana García, representadas por los abogados Alan Iud, Mariano Gaitán y Florencia Sotelo, así como también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y otros particulares.