Nuevo mercado protege más a los inversores

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El desarrollo del mercado de capitales es una política de Estado que tiene como objetivo una correcta intermediación del ahorro popular hacia fines productivos. La promulgación y puesta en vigencia de la Ley 26.831 es el punto de partida para que nuestro país pueda poner en valor los excedentes que la actividad económica genera en un ámbito de transparencia y confianza.

La nueva ley del mercado de capitales tiene por objeto acercar instrumentos de ahorro e inversión a la sociedad y potenciar a la economía real. Resulta imperioso poder contar con un mercado más transparente y confiable, que apuntale el crecimiento económico de los últimos años y que haga posible acceder al financiamiento a ese gran motor del desarrollo nacional que son las pequeñas y medianas empresas.

Uno de los puntos más importantes que introduce la normativa es el fin del paradigma de la autorregulación. Reemplazado hace varios años de los estándares internacionales, era necesario que la Comisión Nacional de Valores tuviese los poderes y facultades adecuados que hicieran posible una mejor protección de los inversores y accionistas minoritarios.

La federalización del mercado contribuirá a darles dinamismo a las economías regionales, generando proximidad con los entramados productivos locales. La interconexión de las plataformas de negociación proporcionará una formación de precios más eficiente y transparente, en beneficio del público inversor.

La ley 26.831 otorga a la CNV la facultad para crear y autorizar nuevos instrumentos, como son los proyectos de financiamiento PyME, de infraestructura o de desarrollo regional. La introducción del pagaré bursátil negociable permite financiar a las pymes en un instrumento similar al cheque de pago diferido, pero extendiendo el plazo de financiamiento. Cada vez se multiplican nuevos instrumentos que permiten dotar a los ahorristas de alternativas que ofrecen rentabilidad, con la posibilidad de asumir o minimizar los diversos riesgos.

También se han tomado medidas para la simplificación de los trámites de inscripción y registro, lo cual facilitará a las pymes la obtención de financiamiento en mejores plazos y condiciones, apuntalando el empleo a lo largo y ancho del país.

En las últimas semanas se ha reabierto el debate sobre una reforma tributaria, y si bien la discusión se ha centrado en el sector financiero, resulta de utilidad remarcar ciertas líneas generales de pensamiento.

Una estructura tributaria debe responder a un marco de política económica y social tendiente al crecimiento con equidad distributiva y eficiencia recaudatoria sin generar distorsiones. En este sentido, es deseable generar nuevos gravámenes para financiar la baja de otros no tan progresivos o financiar la inversión en infraestructura o gasto social.

De este modo, la reforma tributaria es bienvenida toda vez que es el mecanismo por excelencia por el cual el Estado pueda incrementar virtuosamente su presencia, corrigiendo la distribución primaria del ingreso y volviéndola más equitativa para los sectores menos beneficiados de nuestra sociedad.

El objetivo del desarrollo del mercado de capitales y la estructura tributaria de los instrumentos presentes en él, son dos caras de la misma moneda. La mayoría de los países desarrollados incentivan el desarrollo de sus mercados a través de políticas que permiten diferenciar a los instrumentos -y fundamentalmente a los emisores- que se encuentran dentro de la oferta pública de valores negociables.

En la Argentina, el tratamiento tributario de los activos financieros se definió según las necesidades de cada momento, con distintas visiones y sin un horizonte de largo plazo, lo que resultó en una gran asimetría entre instrumentos, tipos de inversor y mercado.

El cambio propuesto por el Poder Ejecutivo, que plantea un gravamen del 15% para el resultado obtenido por la compra venta de valores negociables fuera del ámbito de la oferta pública, así como la distribución de dividendos (gravados al 10%) es un claro incentivo hacia el desarrollo del mercado de capitales y estimula el financiamiento y por ende a la producción y el trabajo.

Por un lado, beneficiar a las empresas que abren su capital es el modo que tiene el Estado de promover la publicidad de la información y la transparencia, previniendo a su vez episodios de fraude y protegiendo en última instancia a los inversores minoritarios.

Las empresas que cotizan en los mercados están sujetos a un régimen de información periódico, presentando balances trimestrales y desde el año 2012, a partir de la decisión de la CNV de adoptar las normas internacionales de contabilidad, cumplen con las recomendaciones de los organismos de fijación de estándares internacionales en materia de exposición de información financiera. Estos factores redundan en que las empresas que han abierto su capital garantizan a los inversores el acceso a la información económica de la empresa, la cual es expuesta de manera oportuna, homogénea y comparable.

Otros aspectos a rescatar es que incentivando a que las empresas coticen se promueve la transparencia, el empleo formal y las buenas prácticas en materia de gobierno societario, a la vez que es posible incrementar la recaudación del Estado en términos intertemporales, toda vez que se promueve que las empresas -dados los beneficios de la diferenciación tributaria sobre los inversores-, acepten las mayores exigencias de control por estar sujetas al régimen de la oferta pública ya que pueden acceder a los mercados en mejores condiciones .

Por su parte, gravar la distribución de utilidades es un claro incentivo a que las empresas reinviertan sus utilidades, propiciando una mayor tasa de inversión y una consecuente expansión de la oferta de bienes y servicios a nivel nacional.

Este tipo de iniciativas contribuyen a corregir ciertas distorsiones que han estado presentes desde hace algunos años y son el primer paso hacia una estructura tributaria que gane en progresividad, alcanzando a los sectores de más altos ingresos.

Al mismo tiempo, estos cambios normativos se encuentran en un todo en sintonía con las medidas que viene tomando el Gobierno Nacional en materia de política económica: desde la recuperación del carácter público de los ahorros previsionales, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la generación del inciso k en el marco regulatorio de las compañías de seguro, el énfasis ha sido puesto en sostener la actividad económica y el empleo, en una clara apuesta al mercado interno como motor del crecimiento.

Los beneficios de la política económica expansiva y la regulación financiera ya son una realidad, cada vez mas PYMES pueden financiarse en el mercado de capitales a tasas inferiores a la BADLAR con sobresuscripción de ofertas en las licitaciones. La oferta está creando su propia demanda y cada vez mas empresas colocarán valores negociables, que a su vez se multiplicarán en virtud del incentivo que el nuevo marco tributario ofrece a la oferta pública.

A su vez ese crecimiento del mercado de capitales se ve potenciado por un organismo regulador como la CNV que cuenta con mayores facultades y recursos para velar por la transparencia y la legalidad en beneficio de los consumidores financieros.

Visto de manera general, los cambios introducidos son consistentes y generan un círculo virtuoso que se expande. Mientras los anuncios sobre la elevación del mínimo no imponible en ganancias inyectarán dinamismo a la actividad económica en un mundo que aún muestra gran inestabilidad y tendencias deflacionarias, la reinversión de utilidades tenderá a promover la oferta adicional que satisfaga la creciente demanda.

En definitiva, un mercado interno dinámico, incentivos tributarios acordes y un marco regulatorio eficaz son tres pilares fundamentales para el desarrollo del mercado de capitales, lo que permitirá que nuestro país pueda continuar en la senda del crecimiento con inclusión social.

(*) Presidente de la Comisión Nacional de Valores.

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