Julio De Vido visitó Mendoza, en donde estuvo con el gobernador Celso Jaque y con el intendente de Malargüe, Juan Antonio Agulles.
Debajo del lamento público de Cristina de Kirchner, con su invocación bíblica a poner la otra mejilla, el Gobierno celebró en reserva que la no aprobación del Presupuesto, además de abrir un frente para castigar a la oposición, arrastra ciertas ventajas operativas.
La más notable, a simple vista, es la disposición -a tiro de decreto- de entre 80 y 100 mil millones de pesos. Sin embargo, hay un área puntual donde esa virtud no parece del todo saludable: para obras públicas, el mecanismo de reasignación de partidas puede traer complicaciones.
Esa línea se deslizó anteayer apenas se cayó la sesión de Diputados y se reforzó ayer con más detenimiento ante el alerta de que un 2011 sin ley de Presupuesto pueda complicar las previsiones de obras para el año próximo, factor ultrasensible por el momento electoral.
Ayer, desde Planificación, trascendieron algunos datos:
El 2010 terminaría, según lo proyectaron, con un nivel de ejecución de fondos de aproximandamente 25 mil millones de pesos. Ese gasto general estaría por encima, más de 3 mil millones, de lo previsto originalmente.
Según el análisis que se hace en el ministerio que encabeza Julio De Vido, la «caja» para obras de infraestructura «garantizada» para el año próximo, al repetir el ejercicio 2010, sería de 25 mil millones. Sin embargo, esa cifra aparece atada a una serie de variables. La más simple refiere a que no se pueden «calcar» las partidas de 2010 para 2011 porque esos fondos se destinaron a obras específicas que fueron, en general, ya ejecutadas.
En ese sentido, sobre un total de 7.500 obras -desde gran envergadura a pequeñas de infraestructura urbana- que están en marcha, en Planificación estiman que para marzo del año próximo se habrán completado entre 3.000 y 3.500. Eso, según la línea argumental devidista, liberará «cupo» en el presupuesto total para incorporar nuevas obras.
Pero la mecánica no es tan simple. A diferencia de los gastos corrientes, que se repiten casi sin variables -como pago de sueldos o jubilaciones- aunque se puede usar el esquema de «prosecución» de obras para repetir la partida para continuar un emprendimiento que estaba en marcha -hacer otro tramo para continuar una ruta que estuvo incluida en el Presupuesto 2010-, en muchos casos será necesario firmar, para cada obra, un decreto y tendrá que llevar la firma presidencial.
Es, justamente, uno de los puntos más engorrosos: por un lado, por la cantidad de decretos necesarios (razón por la cual la «decretadora» oficial tendrá una sede puntual en Planificación mientras la coordinación general quedará a cargo de un minigabinete integrado por Carlos Zannini, Amado Boudou y Aníbal Fernández); por el otro, porque
la firma de la Presidente, al figurar en cada decreto específico para las obras, quedará directamente vinculada con esos emprendimientos y, por tanto, con posibles denuncias por sobreprecios o incumplimientos.
En Casa Rosada, se anticipaba ya el miércoles que podrían existir complicaciones con el ritmo de la obra pública, producto de no contar con presupuesto.
En rigor, el texto para 2011 ampliaba un 10 por ciento la previsión de recursos respecto a 2010. Es decir: lo llevaba a $ 27.500 millones. Por eso, en Gobierno se afirmó que «algunas obras podrían demorarse» aunque ayer desde Planificación aseguraban que eso no ocurrirá.
«Ya estamos trabajando el doble» confió, ayer, un funcionario vinculado a Obras Públicas, que comanda José López.
Se hacía, además, una lectura estrictamente política: según su mirada, el objetivo último de la oposición al negarle el Presupuesto a Cristina de Kirchner, fue justamente tratar de frenar los planes de obras públicas, en la previa de una elección presidencial.
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