Obras públicas: un año perdido y subejecutado

Más allá de las palabras, la única manera de analizar en forma objetiva una gestión en relación con la infraestructura es a través de los números del presupuesto. No sólo es importante conocer cuánto estima una administración que va a destinar a obras públicas sino cuánto efectivamente concreta, es decir lo que se conoce como ejecución presupuestaria.

Sin intenciones de ser reiterativo, entre 2003 y 2015 llevamos adelante inversiones en infraestructura por 107 mil millones de dólares, cifra que quintuplica la del período 1990-2002. Además, la tendencia creciente de los recursos destinados a obras muestra que se trataba de una política de Estado de entender la construcción con "madre de industrias", no diferenciándose años electorales.

No vamos a reiterar todos los logros de nuestra gestión pero basta tener en cuenta algunos: 10 millones de argentinos accedieron al agua y 9 millones al gas, se triplicaron las autopistas, se incrementó en un 70 por ciento la potencia energética instalada, se tendieron 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión que conectaron 14 provincias al sistema nacional, entre muchos otros que no viene al caso enumerar.

Poner en marcha miles y miles de obras en todo el país no fue una tarea sencilla, máxime cuando veníamos del desmantelamiento del Estado en la década neoliberal, especialmente en las áreas de infraestructura y servicios públicos, y de la crisis del 2001, que dejó el presupuesto de obras públicas en su mínima expresión en muchos años, con menos de 100 millones de dólares ejecutados en 2002.

Si bien Néstor Kirchner asumió en mayo de 2003, ya ese año puede apreciarse un fuerte incremento en el presupuesto de obras públicas que alcanzó los 650 millones de dólares pero la prioridad que nuestra gestión otorgaba a la materia se vio plasmada en el 2004, cuando se ejecutaron 1.300 millones de dólares, cifra que se duplicó en los años subsiguientes hasta estabilizarse por encima de los 16 mil millones de dólares por año.

Este crecimiento geométrico del presupuesto acompañó el ciclo de expansión económica más importante de la historia. La mayor inversión siempre estuvo orientada a proyectos estratégicos, como la terminación de la central nuclear Atucha II, Yacyretá o los programas con mano de obra intensiva, duplicándose la cantidad de empresas del rubro en 12 años.

Los datos de 2015, consolidados en julio pasado por las actuales autoridades, muestran que ese año, el último de nuestra gestión, se ejecutaron 18.527 millones de dólares es decir el 97 por ciento de los presupuestado, 2 puntos por encima del promedio de toda la Administración Pública para ese ejercicio. Cabe recordar que entre 2003 y 2015 el nivel de ejecución del Ministerio de Planificación Federal nunca fue menor al 95 por ciento.

Ahora bien, un análisis detallado de lo actuado por los cuatro ministerios en que fue partido el de Planificación Federal (no cuento la parte del CCK y la televisión digital que está a cargo de Lombardi porque no hizo más que echar gente) arroja resultados francamente preocupantes. La ejecución del año 2016 se ubica en el 81 por ciento (la de toda la Administración Pública fue del 88 por ciento).

En otros términos, entre cuatro ministerios (incluyendo Transporte) ejecutaron el año pasado 18.252 millones de dólares, es decir casi 300 millones de dólares menos que el Ministerio de Planificación Federal en 2015 (que no incluía Transporte).

Sacando el Ministerio de Comunicaciones, que quedó con un presupuesto muy bajo, la peor gestión es la del Ministerio de Interior y Obras Públicas que conduce Rogelio Frigerio, que sólo pudo ejecutar el 74 por ciento de lo asignado, bastante menos que el 80 por ciento que había prometido en la Comisión de Presupuesto.

El propio ministro ha reconocido públicamente esta situación que atribuyó a que tuvo que "revisar" las licitaciones por supuestas irregularidades. Lo curioso es quien realizó denuncias, claramente infundadas y contradictorias con la auditoría técnica, fue la Dirección Nacional Vialidad, área que no está bajo su órbita.

Asimismo, los supuestos hechos de corrupción sólo se refieren a las obras realizadas en una provincia y por un solo empresario (que durante nuestra gestión figura en el puesto 40 entre los que más recibieron). Por lo que bien puede sospecharse que se está ante una persecución política o que se está encubriendo al resto de las contratistas (IECSA y Caputo incluidos).

A pesar de que el Presidente y sus ministros repiten hasta el cansancio que la obra pública será uno de los motores de la economía, los datos de enero de 2016 continúan mostrando una ejecución de los cuatro ministerios que no supera el 1,4 por ciento, cuando en el primer trimestre debería llegar al 25 por ciento.

En definitiva, subejecutar el presupuesto de obras públicas, sea en forma intencional o como por ineptitud, es incumplir la ley y eso debería tener consecuencias políticas y legales.