Obvio: fracasó audiencia con Pollack. Buitres presionarán por “desacato”

• EL PRÓXIMO MIÉRCOLES HABRÁ NUEVA REUNIÓN ANTE GRIESA.• ELLIOTT PEDIRÁ EMBARGAR FONDOS DEPOSITADOS EN EL BONY.

Daniel Pollack

La Argentina ratificó ayer que la única oferta a los fondos buitre es la reapertura del llamado de 2010, confirmando además que esta eventual operación ya está vigente desde el año pasado y disponible para los acreedores que quieran aprovecharla. Los fondos buitre volvieron a rechazar la invitación y ratificaron que la única alternativa que tiene el país, para ellos, es la liquidación al contado de los u$s 1.660 millones que, según el fallo de Thomas Griesa, la Argentina les debe. Así, sin acuerdo, terminó ayer la reunión en el bufete de Daniel Pollack, que, de hecho, fue organizada de manera "no oficial", y sólo para mantener a las partes en contacto. Para muchos podría ser incluso la última versión del proceso de negociación que el "special master" aún está llevando adelante por mandato del juez norteamericano. Al encuentro de la oficina de Pollack en Park Plaza no concurrieron funcionarios argentinos, sino los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman. Por el lado de los fondos buitre, concurrieron Robert Cohen (NML Elliott), Stephen Poss (Olifant) y Roy Englert (Aurelius). Según fuentes de los abogados, el encuentro en el despacho de Pollack fue el más corto de todos los que organizó el norteamericano (sólo duró 20 minutos) y no tuvo carácter oficial. El mensaje del "special master" es que ahora todo dependerá de la audiencia que comandará Griesa el próximo miércoles 10 de septiembre.

Para ese encuentro los fondos buitre amenazan con ir con toda la artillería posible para lograr dos decisiones del juez: el embargo de los u$s 539 millones del pago del bono Discount que aún están en una especie de limbo en las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY) y la declaración de "desacato" contra el país. Según las especulaciones del estudio CGS&H, Elliott, Olifant y Aurelius no conseguiría ninguno de los reclamos. El primero porque aún Griesa no tendría decidido dar el paso más importante para terminar de demoler los muy débiles puentes que unen a la Argentina con el tratamiento institucional del "juicio del siglo". Especulan los abogados que el juez es algo consciente de lo que desataría la decisión de aplicar sin más la cláusula "pari passu" sobre el dinero girado por la Argentina, y aún parece confiar en que podría haber una salida negociada entre las partes. En el caso del "desa-cato", Griesa sabe que debería esperar a que el proyecto de ley de reestructuración de deuda argentina que cambia el domicilio de pago de Wall Street a Buenos Aires y París esté aprobado y reglamentado. Esto ocurriría en la tercera semana de septiembre, con lo que el juez no tendrá esta nueva ley en ejecución para la audiencia del miércoles próximo. Obviamente sí declarará nuevamente su ilegalidad y volvería con las amenazas habituales.

En ese acto lo que se espera además es algún tipo de definición del juez neoyorquino sobre la situación del Citibank y la alternativa de pagar los vencimientos que debe ejecutar ese banco "por única vez" en tiempo y forma.

Ayer, a través de una teleconferencia convocada por la American Task Force Argentina (FTTA), un grupo lobbista financiado por el dueño del fondo buitre Elliott -Paul Singer-, Robert Cohen aseguró desde Nueva York (antes del encuentro con Pollack) que el proyecto argentino de Pago Soberano de la deuda constituye una "descarada violación" a las sentencias dispuestas por Griesa. En una comunicación de aproximadamente 50 minutos en la que el presidente de ATFA, Robert Shapiro, habilitó preguntas, Cohen aseguró que NML tomará los "pasos correctos" para evitar la aplicación de ese "plan".

"Es una descarada violación de las sentencias de la corte (de Nueva York) que prohíbe el cambio de mecanismo y el juez específicamente dijo que sería ilegal y que no debería suceder. La Argentina ha elegido ignorar eso y nosotros tomaremos los pasos correctos para asegurarnos de que el plan no se implemente y que terceros no sean declarados en desacato", según Cohen, que advirtió además que aquellos que acepten el nuevo esquema de cobro podrían entrar en "desacato" o "poner en riesgo sus actividades".