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Once: arrancó maratón de alegatos finales
El abogado Mariano Fragueiro, que suele ser de los más requeridos en materia de juicios orales, consideró que "el caso está mal instruido desde un principio" y señaló que el juicio debe respetar el principio del debido proceso.
"Las calificaciones no se subordinan a lo ocurrido el 22 de febrero y eso es responsabilidad del Estado, que no pudo encauzar y no vio claramente qué debía investigar", sostuvo el letrado en referencia a la actuación de los representantes del Ministerio Público fiscal.
La semana pasada el fiscal de juicio Fernando Arrigo requirió las penas máximas tanto para directivos de TBA como para exfuncionario del Gobierno. Un poder de fuego que no excluyó a nadie: una directora que sólo quedó en esa silla por ser hija de su padre, ahora afronta un pedido de pena de 11 años.
"En este juicio a nadie le interesó demostrar si el tren había descarrilado, nadie probó que descarriló y se investigó un delito inaplicable", agregó Fragueiro.
El abogado consideró que cuando existen sospechas de que la responsabilidad recae en las personas "es natural que las voces de las víctimas se expresen y retumben en los tribunales y está bien que eso sea así, porque son víctimas y hay que escucharlas". "Este Tribunal no necesita demostrar que es independiente, tenemos que tener fe en los jueces, en el Poder Judicial", consideró al manifestar su desacuerdo con el planteo de una querella referida a la necesidad de condenar para demostrar independencia por parte los jueces.
"Yo defiendo a empleados de TBA que hoy siguen siendo empleados de la nueva administración ferroviaria, no tuvieron ni el manejo ni el cuidado de los bienes, no manejaban fondos", agregó.
La semana pasada la fiscalía concluyó su alegato final y pidió condenas de hasta casi 11 años de prisión para los exsecretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el empresario Sergio Cirigliano, mientras que para el maquinista Marcos Córdoba pidió tres años y ocho meses.
En el caso de las querellas que representan a las víctimas y familiares de la tragedia, requirieron una pena de 22 años para el motorman.
