Once: TBA insiste contra juez

La empresa TBA realizó ayer una jugada de alto riesgo en la causa que investiga la tragedia ferroviaria de la estación Once: recusó al juez federal Claudio Bonadío por presunta parcialidad. Fue el punto culminante de una serie de escritos que objetaban las acciones del magistrado en la instrucción. La Cámara Federal volverá a ser el terreno de pelea por el que ya han desfilado distintas partes del expediente. El juez anoche estudiaba cómo devolver el golpe, aunque en su despacho ya no hay duda: en los próximos días procesará a todos los imputados.

La recusación contra Bonadio fue presentada por el abogado de Carlos Lluch, mano derecha de Claudio Cirigliano en el holding Cometrans (controlante de TBA) y principal estratega judicial de la firma. Se trata de un escrito de 17 páginas, con fuertes críticas a Bonadio y al fiscal Federico Delgado. Al primero le reprocha haber ordenado la detención de Lluch -luego excarcelado por la Cámara- «en forma arbitraria y al margen de los procedimientos legales» y haber extendido «la actitud persecutoria a sus familiares directos».

En tanto, al fiscal le imputa haber promovido acciones en el expediente sobre la base de documentos inexistentes: «Increíblemente fundó su dictamen contrario a la concesión de la excarcelación, remitiendo a los motivos invocados por VS (Bonadío), para disponer la detención de mi defendido, cuando no existió ninguna orden de detención ni VS invocó jamás motivo alguno para llevarla a cabo».

La decisión de recusar al magistrado se tomó en un cónclave reservado, que tuvo lugar en las oficinas del holding la semana pasada y en la cual participó Cirigliano junto a los principales ejecutivos de la empresa y el grupo de penalistas que defiende a Cometrans y TBA en los tribunales de Retiro.

Allí coincidieron en que Bonadío había direccionado la investigación en exceso sobre la empresa. Se preguntaron una y otra vez por qué en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) el único imputado es su titular, Antonio Sicaro, y no los funcionarios intermedios que, según entienden, también tienen responsabilidades en el siniestro que le costó la vida a 51 personas.