Oposición denostó los cambios y pidió debate en Congreso

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Los diputados antimacristas hablan de una decisión “ilegal” del Ejecutivo y quieren una Policía contra el narcotráfico “bajo control civil”.

Los cambios anunciados por el Ejecutivo sobre las nuevas funciones que tendrán las Fuerzas Armadas generó el rechazo del tándem cristichavismo-massismo, que pidió debatir las modificaciones en el Congreso.

"Entrometer a las Fuerzas Armadas en seguridad interior exige la modificación de tres leyes piramidales de la Democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Sin eso sería ilegal. Por lo tanto, solicitamos que el debate pase por el Congreso", expresó el bloque del FpV de Diputados que preside Agustín Rossi.

Según indicó la bancada K, "los Estados Unidos mantiene la diferencia de roles y separación entre defensa y seguridad" y que "como en tantas otras cosas, Mauricio Macri atrasa o busca distraer a la ciudadanía con cuestiones ineficaces e ilegales".

El FpV también dijo: "Casualmente cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con el FMI, Macri apela a la demagogia punitiva y continua su degradación de la Democracia y el Estado de Derecho".

Por último, los diputados cristinistas destacaron que "desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior", y que "involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos de narcotráfico es ilegal y en países como México, Colombia y Brasil fracasó, lo que generó una revisión de esa decisión".

En tanto, el legislador massista Felipe Solá expresó que "meter a las Fuerzas Armadas en seguridad interior empeoró el problema en todo el mundo", y agregó: "El narcotráfico se combate en red con los adictos en recuperación, con sus familias, con las madres que denuncian dónde se venden drogas y con una Policía especializada, profesional y bajo control civil".

Solá, además, recordó: "Como gobernador de Buenos Aires tracé un camino en la lucha contra el narcotráfico en los foros vecinales, con las madres del paco y con la Iglesia, e inicié una profunda reforma para controlar a la Policía. Lamentablemente, ese camino fue interrumpido".

A las críticas de cristinistas y massistas se sumó un sector de la izquierda y también el CELS: la directora de Seguridad y Justicia de la entidad, Paula Litvachky, ató las intenciones que planea el Ejecutivo a la necesidad de "sobredimensionar el aparato de seguridad en épocas de conflictividad social".

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