Oposición exige llevar debate por deuda al Congreso

La idea no es nueva: que el Congreso retome sus facultades en materia desde arreglo de la deuda. Ayer fue relanzada por diputados del radicalismo, pero en realidad hasta Cristina de Kirchner lo mencionó en su discurso del 31 de julio, un día después que el país entrara en default: "La Argentina va a utilizar todos los instrumentos legales" , dijo ese día para describir las opciones de defensa frente a los fondos buitre, y continuó: "No vivimos en una choza, vivimos en una Nación que tiene Congreso, que es el que tiene la facultad para tratar y aprobar" las cuestiones referidas a la deuda.

En realidad, esa salida de girar todo el conflicto con los buitres, el juez Thomas Griesa y las opciones de una negociación más allá de diciembre, cuando caduque la cláusula RUFO, está dentro del menú de opciones que maneja la Casa Rosada para estirar la cuestión hasta fin de año.

En el inciso 7 del artículo 75, donde la Constitución nacional enumera las atribuciones del Congreso, se establece: "Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación".

También el Congreso es el único que tiene la facultad de aprobar el endeudamiento en el Presupuesto nacional o en cualquier otra autorización para eso que pida el Poder Ejecutivo.

Pero esas facultades fueron delegadas al Poder Ejecutivo y ahora, por lo menos como ejercicio sin final previsible, la oposición pide que se deroguen esas facultades y el debate pase al Congreso.

Ayer lo hizo el radical jujeño Miguel Giubergia presentando un proyecto de ley donde propone la creación de una Comisión Bicameral especial para la Normalización de la Deuda Pública Nacional. "La incapacidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo para resolver un conflicto judicial nos llevó a una nueva suspensión de pagos", dice.

Y explicó: "En 2003 se le delegó al Ejecutivo la facultad constitucional por la cual es el Congreso quien debe regir sobre el endeudamiento del Estado nacional, y así pudo negociar una resolución al conflicto iniciado con la suspensión del pago de la deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2001".

Está claro que el Gobierno no está dispuesto a cederle la votación de un tema así a la oposición, pero el Congreso como escenario de un debate en el que el Ejecutivo quiere mostrarse alejado no parece tan imposible.

"Es indispensable que el Congreso asuma las negociaciones para zanjar definitivamente este conflicto con los holdouts, que claramente el PEN no ha sabido culminar", sentenció Giubergia.