Los senadores firmaron ayer el dictamen para aumentar asistencia y crear trabajo. Costaría $50.000 millones.
Senadores. Federico Pinedo presidió ayer el debate en la Cámara alta. Mientras tanto, Gabriela Michetti sigue en gira por Abu Dhabi acompañada de Pedro Lacoste.
La oposición consiguió ayer en el Senado la firma de un dictamen que declara la emergencia social por un año, en un combo que además impone el incremento durante ese lapso de un 15% de los valores de la Asignación Universal por Hijo y por embarazo, y la creación de un millón de puestos de trabajo.
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El paquete, a priori, generará un costo fiscal de $ 50.000 millones para el Estado,en momentos en que Cambiemos hace malabares para intentar un ajuste durante este año que no llegará a cumplir con las expectativas. Pero, la iniciativa también pondrá a Mauricio Macri, por segunda vez, ante la posibilidad de veto (como con emergencia laboral).
Para financiar el texto que impulsó el senador Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria-Buenos Aires) junto a su compañera de bloque Teresita Luna (La Rioja) y el bonaerense del GEN Jaime Linares, se plantea la necesidad de que Diputados active un nuevo impuesto para solventar ese gasto.
La semana pasada, Abal Medina dialogó con diputados del massismo y de otras bancadas opositoras. En ese cónclave aparecieron las propuestas en cuanto a generar impuestos a la renta financiera, al juego y a la minería, pero la última opción se descartó "por un tema legal y definiciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que bloquearían esa posibilidad".
El proyecto de emergencia social, que fue dictaminado por las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda (que preside Abal Medina), y de Población y Desarrollo Humano podría ser votado dentro de 15 días en la Cámara alta, que el 30 de noviembre convertirá en ley el Presupuesto 2017 ya lo daban ayer como un hecho desde el oficialismo y la oposición-, el cual buscaba en la madrugada de hoy su aprobación en Diputados (ver página 3).
Ayer, el economista invitado al plenario Marcos Hilding Ohlsson explicó que los aumentos en las asignaciones (universal y embarazo) implicarían $7.000 millones en 2017, mientras la creación de empleos se estima en $41.000 millones. "Si hay ocho millones de trabajadores en blanco y 20 millones de personas que reciben dinero del Estado, eso es una emergencia", señaló, y destacó que es clave "reducir los costos de los empleos" registrados para desactivar la economía informal, donde se ubican seis millones de personas.
La senadora ultra-k Virginia García sostuvo que el texto en debate contiene "serias deficiencias conceptuales y técnicas", y criticó que la discusión no se haya planteado antes, ya que "ahora -en referencia a este año- hay 500.000 cuentas sueldo dadas de baja". Además, la legisladora resaltó lo realizado FpV en los últimos años (Plan Argentina Trabaja, por caso), cuando comandó el país, pese a que el blanqueo del nuevo INDEC marcó una pobreza de más del 30%.
No obstante, García cuñada de Máximo Kirchner- dejó en claro que dará su voto a favor de la iniciativa sólo por el "acompañamiento" a las organizaciones sociales que reclaman una pronta sanción de la emergencia, aunque expresó que la ley "no habla sobre la capacitación laboral", e indicó el riesgo de "mezclar la asignación universal por hijo y por embarazo".
En tanto, Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino) advirtió, tras manifestar que acompañará el texto -en disidencia-, que el mismo plantea serios problemas con las obras sociales "se fundirían"- y la imposibilidad de contar con ART quienes accedan al millón de empleos. También dejó en claro que se "generará la industria del juicio". En el terreno de las disidencias hubo otra sopresa. El radical Fredy Martínez (Santa Cruz) firmó dictamen de mayoría pero en disidencia y quedó así como el único oficialista que participó de ese proceso.
Antes de cerrar el debate y firmar el dictamen, Abal Medina adelantó que los senadores que impulsan la emergencia están "abiertos a mejorarlo", por lo que no se descartan cambios cuando se trate el dictamen en el recinto.
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