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Ordenan a Griesa recalcular monto que demandan bonistas
Thomas Griesa
Hasta ayer, el total demandado era de u$s 2.240 millones. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos resolvió que el tribunal de primera instancia, a cargo del juez Thomas Griesa, se equivocó y calculó una cifra «inflada». En ese sentido, dio lugar al reclamo de la Argentina, que sostiene que el monto involucrado es menor porque hubo bonistas que pudieron haber entrado al canje o que vendieron sus papeles en el mercado secundario en estos años.
No obstante, la corte rechazó el pedido para que los inversores demandantes no reciban estatus de querellantes colectivos dentro del juicio de «class action». La Argentina buscaba que cada bonista probara de manera individual el daño sufrido, lo cual habría hecho muy costoso el proceso para los tenedores minoristas.
Ayer, la corte ordenó al tribunal original, a cargo de Griesa, que considere medios alternativos para establecer pagos que reflejen con más precisión las pérdidas sufridas por los demandantes. En el fallo, los tres jueces integrantes del tribunal votaron de manera unánime a favor de la Argentina, que ya lleva siete años de litigios en la Justicia por el default que declaró a principios de 2002, por unos u$s 100.000 millones. De ese total, u$s 18.3000 millones estaban todavía en manos de inversores que no aceptaron un canje en 2005, muchos de los cuales demandaron al país ante tribunales internacionales.
Guillermo Gleizer, uno de los abogados de los inversores, dijo que «el fallo deja a sus clientes un paso más cerca de conseguir un pago». Por su parte, el representante legal en la Argentina de este grupo de bonistas, Pablo Giancaterino, sostuvo que «es una decisión sin efecto ya que el daño había que recalcularlo después del canje en función de los que desisten para entrar a la operación».
En la decisión judicial de ayer se lee que los abogados de ocho grupos de bonistas dijeron que la complejidad de la causa hacía apropiado que Griesa otorgara compensaciones por daños basadas en «estimaciones razonables» sobre los montos totales a los que los tenedores de bonos podrían tener derecho. La Argentina replicó diciendo que esa estrategia no era adecuada porque podría resultar en cifras infladas.

