Ordenaron reincorporar a una ex directiva del Indec

La Justicia le ordenó al Gobierno nacional reponer en su cargo a una ex directiva del INDEC, desplazada de su cargo en la elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por la intervención monitoreada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Se trata de Marcela Almeida, para quien el juez laboral Osvaldo Rappa también hizo lugar a un pedido de indemnización por daño moral, que fijó en 40 mil pesos. El Ejecutivo tendrá cinco días para apelar la decisión de primera instancia, que fue recibida como un triunfo por la delegación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que funciona en el organismo.

El fallo además representó un doble revés para las actuales autoridades del INDEC por ordenarles reubicar en su puesto a Almeida, pero también porque lo hizo a pesar de que la misma mantenía vínculo con el organismo no de forma directa sino a través de una contratación con la Dirección de Estadística de Buenos Aires. La técnica desplazada era además delegada de la junta interna de ATE.

El magistrado dio por probado que antes de ser removida de sus tareas, los directivos puestos por Moreno «dificultaron» el desempeño de Almeida. «Comenzaron negándole trabajos, y luego se le bloqueó la clave de acceso a su computadora, para luego quitarle su escritorio de trabajo», señala Rappa en su dictamen.

Las complicaciones para Almeida comenzaron luego de que protagonizara huelgas en contra de los cambios dispuestos a partir de 2007 por el equipo de Moreno en la medición de las estadísticas, y en particular cuando declaró en sede judicial en una causa abierta por presunta manipulación de datos.

Según el juez, la conducción del organismo «no aportó ninguna prueba en autos que permita justificar los mentados cambios de las condiciones laborales de la actora, por lo que corresponde declarar inválida toda modificación operada en su puesto de trabajo y ordenar que sea repuesta en la misma función que desempeñaba y con las mismas condiciones remuneratorias que antes de febrero de 2007».

Al momento de fijar la indemnización por daño moral, Rappa tuvo en cuenta «la indudable afectación espiritual (daño material e inmaterial) sufrida por la trabajadora, quien fue desplazada de su cargo con indicios suficientes que dan cuenta de una discriminación por su carácter de delegada gremial y ante el conflicto habido durante 2007 en el sector IPC».

La sentencia favorable a Almeida se sumó así a las de otros ex empleados, como Luciano Belforte, Liliana Gasco y Vanina Micello. En ATE dijeron que el desplazamiento de la técnica del IPC tuvo que ver con la denuncia que realizó ante el entonces fiscal Manuel Garrido. La causa original sigue en trámite en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.