Panamá denuncia un complot del G-20 y de la OCDE

• ENTREVISTA AL EMBAJADOR DIONISIO DE GRACIA GUILLÉN

El embajador panameño en la Argentina, Dionisio de Gracia Guillén, defendió la imagen de su país.

El embajador de Panamá en la Argentina, Dionisio de Gracia Guillén, señaló ayer, en diálogo con este diario, a los países del G-20, a través de la OCDE, como los responsables de una supuesta campaña de desprestigio internacional para dañar la imagen de su país a raíz del escándalo de los paraísos fiscales y las sociedades off-shore, al tiempo que insistió en que aquél "no es refugio de ningún delincuente".

En línea con las declaraciones de la noche del miércoles realizadas por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, el embajador le explicó a Ámbito Financiero que el escándalo generado por la filtración de 11,5 millones de documentos del estudio Mossack Fonseca vinculados con la creación de sociedades pantalla tiene por objetivo afectar la imagen del país.

"Fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que depende del G-20, es decir de las naciones más poderosas del mundo, las cuales tienen sus islas y jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas o los estados de Nevada o Maryland (EE.UU.), que son competidores de Panamá, respondió al ser interrogado sobre el responsable de lo que el Gobierno panameño llamó una campaña de desprestigio.

"Ellos crearon una convención multilateral automática de intercambio de información (financiera) y exigen, no piden, que Panamá firme eso", explicó De Gracia Guillén. "Nuestro país intercambia información en base al derecho internacional, es decir por acuerdos bilaterales", agregó.

Consultado sobre por qué el país rechaza enfáticamente adherir al mecanismo de la OCDE, el embajador insistió en que Panama Papers tiene por objetivo "dañar la imagen de 3 millones de ciudadanos panameños y extranjeros que residen en el país. Uno de esos países (del G-20) financió el hackeo", sugirió sin dar especificaciones, y señaló que el objetivo del organismo internacional sería debilitar a Panamá frente a las grandes potencias.

"Nuestra economía depende del sector servicios, de nuestro sistema de marina, del sistema financiero. La confiabilidad y la seguridad de nuestro sistema se verían destruidas por la competencia de los potencias industrializadas", prosiguió, acotando el escándalo a una supuesta puja desleal por acaparar el mercado de negocios offshore. El 7% del Producto Bruto Interno (PBI) del país depende de su sistema bancario y financiero.

Cuestionado sobre cómo el sistema fiscal territorial de Panamá puede ser empleado para delitos como blanqueo de capitales y evasión fiscal, aseguró que el país "no es tapadera de la delincuencia".

Destacó al respecto dos leyes que entraron en vigencia hace pocos meses: una que prohíbe la constitución de sociedades anónimas al portador y otra que obliga a los abogados y estudios jurídicos a jurar ante las autoridades que conocen la identidad de sus clientes. Ambas normativas, creadas para contrarrestar los delitos fiscales, permitieron que Panamá fuera quitado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hace casi dos meses.

"Se usó el hackeo de una firma de las 19.000 que funcionan en el país para mancillar la identidad de Panamá. En la investigación no hay una sola cuenta en un banco en Panamá. Están en Suiza, en las Bahamas", subrayó.

El Gobierno panameño anunció, en tanto, la conformación de un comité independiente de expertos nacionales e internacionales para que evalúe las leyes vigentes y realice las recomendaciones necesarias para evitar nuevos escándalos.