El conflicto por el traspaso de algunos tribunales penales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires se extiende como una mancha de aceite y sumará hoy un nuevo hito con el paro total de empleados de la Justicia nacional de todos los fueros, no sólo de los que son el objetivo del Gobierno para migrar en primer lugar. Al clima caldeado se suman los magistrados -que ya planean un segundo lock out- alimentado por la falta de timming del Ejecutivo al sugerir el pedido de juicio político a dos jueces del Trabajo que fallaron a favor del reclamo del gremio de los bancarios. En lo que será un traspié político -sin chances de prosperar en el Consejo de la Magistratura, como sucedió cuando el kirchnerismo buscó la salida de dos camaristas de la Seguridad Social por auspiciar demandas de jubilados- sólo sirvió para alimentar la bronca entre los jueces, que ya buscan expedientes tras los cuales asestar dardos certeros.
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A las 10.30 comenzará el paro de todos los gremios en los que está fragmentada la nómina de funcionarios judiciales, encabezados por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) que lidera Julio Piumato. A la medida que incluye una nueva movilización al Palacio de Justicia, epicentro de la actividad, también convocan las comisiones internas del fuero penal y todos los opositores al piumatismo, entre los que está el Frente Azul-Bermellón y los delegados del fuero laboral, además del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu) en su versión nacional. La novedad es que este nuevo paro incluirá fueros civiles, comerciales, y laborales, hasta ahora no alcanzados por el plan oficial que comenzó con las vacantes en penal. La semana pasada hubo una nueva reunión de la Asociación de Magistrados para planificar una segunda medida de fuerza como la que generó una multitudinaria asamblea de jueces y fiscales en el hall del Palacio. El malestar trasuntó en los mensajes de WhatsApp que cruzaron durante toda la semana. El Gobierno echó gasoil al fuego alardeando con enviar a un jury a los jueces Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino. La Asociación emitió un comunicado denunciando la "evidente injerencia en la jurisdicción judicial, especialmente prohibida" para el Ejecutivo. Y resaltó que los jueces que sean "atacados por el contenido de sus sentencias" serán defendidos en bloque. Lanzaron además un desafío al Ejecutivo, planteando que llegado el caso demuestre el mal desempeño en el que podrían haber incurrido si lo que pretende es deshacerse de ellos.
En la vereda opuesta a los argumentos contra el traspaso se ubicó la Agrupación 16 de Noviembre perteneciente al gremio de judiciales de la Ciudad, SiTraJu CABA (una entidad distinta a la nacional) que a través de un duro comunicado firmado por el Secretario General Adjunto, Juan Manuel Rotta, salió a cruzar a la UEJN. Allí sostuvieron que los derechos de los trabajadores judiciales "no se verán afectados negativamente" sino que se verán complementados con los obtenidos por el Sindicato que agrupa a los judiciales en la órbita local, cuyas reivindicaciones destacan como superiores en la Ciudad. Enumeraron que existen paritarias negociadas por convenio (lo que no sucede a nivel nacional) y un Régimen de Porcentualidad, por el que los sueldos se actualizan conforme a lo que cobra un juez de Cámara, siendo el piso para la última jerarquía un 26% de ese salario. Agregaron la existencia de un Fondo Compensador; condiciones laborales y a los salarios que en determinados escalafones superan a los de la Justicia nacional. La interna surgió por los dardos que el piumatismo envió al gremio local por no adherirse a la medida de fuerza. La reacción de Rotta se da en el marco de no aceptar que por la oposición gremial al traspaso "se digan falacias sobre la realidad de los trabajadores judiciales de la Ciudad"
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