“Per saltum” tiene dictamen y será votado en una semana

Miguel Pichetto

Se prometió un debate lento y pausado, pero como se estila en los últimos tiempos, nada de eso sucedió, y ayer, tras menos de una semana de anunciado, el proyecto de reglamentación del «per saltum» (mecanismo por el que mediante un recurso extraordinario se le puede pedir a la Corte Suprema que se avoque directamente a tratar una causa que está en debate en primera instancia) obtuvo dictamen en el Senado. En una semana se votará y luego pasará a Diputados para otro tratamiento exprés.

Junto con ese tema, los senadores despacharon ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales un proyecto de comunicación, que también presentó el kirchnerismo, para pedirle a la Corte que revise lo actuado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en materia de selección de jueces subrogantes, todo en medio de las discusiones por el fallo final en la causa por la validez del artículo sobre desinversión en la ley de medios.

Lo cierto es que aunque el dictamen esté firmado en tiempo récord, reglamentar el «per saltum» en el Congreso está lejos de pasar en estos días por un simple acto de despachar y aprobar una ley. El proyecto que presentó el kirchnerismo, para ser efectivo (es decir, para generar un clima político suficiente para que la Corte sienta la presión y admita un recurso extraordinario por salto de instancia en el caso de la ley de medios), no sólo necesita el número para aprobarse en el recinto, sino también dejar en las versiones taquigráficas el rastro de ese consenso mínimo que sirva entonces de base para aliviarle en el futuro a la Corte Suprema la tarea de aceptar el recurso extraordinario.

El debate para aprobar el dictamen se dio ayer en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que preside el kirchnerista Marcelo Fuentes.

Miguel Pichetto fue el encargado de defender el proyecto alegando que se trata de «la instrumentación legislativa de una norma que tiene que pasar el filtro de ambas cámaras» y dejar claro que «hay una última facultad que tiene la Corte Suprema de aceptar o desestimar el recurso».

Con estos argumentos, Pichetto defendió: «No es arbitraria ni tiene estructura de inconstitucionalidad», y señaló que, incluso, contempla «requisitos precisos para hacer viable» el uso de este instrumento, previsto en el artículo 117 de la Constitución nacional.

Esos requisitos son esencialmente que una causa constituya una cuestión de gravedad institucional en el caso de que no exista una solución inmediata en primera instancia, habilitando así que la Corte de avoque y falle definitivamente sobre la cuestión.

Por el radicalismo, Ernesto Sanz adelantó que su bloque no acompañará el proyecto «no por razones técnicas o jurídicas», sino como consecuencia de una «decisión política» de oponerse a ésta y otras iniciativas que, indicó, «no son inocuas a la coyuntura».