Los acuerdos de precios están destinados a fracasar sin un programa antiinflacionario global. Así lo sostiene un informe de la consultora Empiria difundido ayer. Según detalla, "emitiendo moneda al 35% anual para financiar un déficit fiscal creciente, la inflación no va a bajar".
El informe económico, elaborado por Hernán Lacunza y Pedro Rabasa, recuerda que "entre las experiencias recientes, los controles de precios de 2005-2007 terminaron con reducciones de oferta y precios superiores a los internacionales en algunos productos, sin haber abortado la dinámica inflacionaria más allá de algún efímero efecto balsámico".
En ese sentido, aconseja que "un programa antiinflacionario certero debería ser gradual (sin prisa, pero sin pausa), consistente (no iniciativas espasmódicas y aisladas) y secuencial (primero reconstruir un termómetro confiable, luego alinear las señales de austeridad de la política fiscal y monetaria, y recién entonces convocar a un acuerdo de precios a empresarios y trabajadores)".
A continuación, otros puntos del informe:
La inflación comienza a mostrar su cara amarga al Gobierno, no sólo en flancos sensibles como el mercado cambiario, sino para sus ambiciones políticas, al erosionar severamente los motores de demanda: no hay espacio para subas adicionales del salario real que sostengan el consumo, la inversión se ve limitada por regulaciones tendientes a compensar los efectos inflacionarios (como el cepo al giro de utilidades) y el deterioro del tipo de cambio real afecta la dinámica exportadora.
Enfrenta así el Gobierno un año electoral donde se juega el proyecto de reelección con el combo inverso al deseado: el auto en la banquina, pero con el motor recalentado. Si acelera (aumenta el gasto, emite, baja la tasa de interés), recalienta más; si no acelera, sigue estancado.
La tibia recuperación de la actividad, el seguro sesgo expansivo de la política fiscal financiado casi exclusivamente con emisión monetaria, será un cóctel perfecto para subir algunos escalones el ritmo inflacionario.
Nada garantiza que el IPC nacional que se anunció como respuesta a la sanción del FMI no sufra las falencias del indicador actual.
Haber "anclado" las tarifas de servicios públicos sirvió en la transición para no exacerbar las presiones inflacionarias; mas incubó una "inflación reprimida" y un desincentivo a la producción que explica el faltante energético, el déficit fiscal por subsidios y el desequilibrio comercial energético.
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