Washington - Cada vez parece más probable que General Motors (GM) corra la misma suerte que su rival Chrysler: se espera que esta semana se adhiera a la ley de quiebras con respaldo del Gobierno y llame a una convocatoria de acreedores. GM tiene hasta el 1 de junio para presentar un plan de reestructuración viable, pero muchos analistas estiman que debería seguir el ejemplo de Chrysler, que a fines de abril se colocó bajo la protección del capítulo 11 de la Ley de Quiebras.
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Según el diario The Washington Post, el Gobierno de Obama apoya esta solución, dado que GM ha progresado mucho en su reestructuración, en especial tras el acuerdo que logró la semana pasada con sus sindicatos estadounidenses y canadienses, lo que le permitirá reducir sus costos salariales al nivel de los de la competencia. Aunque fundamentales, estos acuerdos no son suficientes: todavía restan por reestructurar u$s 27.000 millones de deuda obligatoria garantizada. El grupo les dio tiempo hasta mañana a sus acreedores para llevarles sus títulos.
El esquema en ambos casos sería el de una venta rápida de activos sanos del fabricante. Lo demás de los activos y compromisos del grupo debería quedar durante años bajo administración judicial, mientras las partes involucradas se disputen sus restos. Durante la declaración de quiebra, el Estado federal continuaría alimentando masivamente las cajas de GM, luego de haberle provisto ya u$s 19.400 millones desde el primer trimestre del año. Originalmente, la ayuda gubernamental estaba destinada a durar sólo hasta fines de mayo.
La reestructuración de GM bajo la protección de la Justicia sería bastante más complicada que la de Chrysler, porque el primero pondría en juego los intereses de miles de inversores. Contrariamente al caso de Chrysler, cuya deuda está en manos de algunas decenas de establecimientos financieros, la deuda de GM está repartida entre 120 establecimientos financieros y 100.000 inversores individuales. Douglas Bernstein, un abogado representante de los fabricantes de equipamiento para automóviles en la quiebra de Chrysler, subrayó que quienes tienen títulos de GM están bajo fuerte presión tras el precedente de Chrysler. «Para un acreedor de GM, debe comprender que el verdadero riesgo es encontrarse con nada o casi nada», estimó.
Kent Engelke, de Capitol Securities Management, subrayó que el Gobierno pide a los tenedores de deuda garantizada en obligaciones que renuncien a u$s 27.000 millones a cambio del 10% de la compañía. «El Tesoro y el UAW (el sindicato) van a renunciar a u$s 20.000 millones y recibirán el 89% de la nueva compañía», dijo el analista. Este plan, denunció Engelke, «sacrifica a los tenedores de deuda garantizada a favor de los sindicatos. Es injusto, sin precedente jurídico y en contradicción con reglas jurídicas y financieras básicas».
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