Piden desde febrero datos de argentinos a Uruguay

Pablo Ferreri

A partir del 7 de febrero, la AFIP comenzará a enviar los pedidos de datos de contribuyentes que sospecha tienen bienes en Uruguay no declarados en la Argentina, o de aquellos que realizan operaciones comerciales irregulares con ese país, por ejemplo triangulaciones.

Sucede que con el intercambio de las últimas notas reversales, los gobiernos de la Argentina y Uruguay completaron el proceso de aprobación del tratado de intercambio de información tributaria firmado el año pasado. Así lo aseguraron ayer, autoridades uruguayas en Montevideo.

La entrada en vigor se producirá 30 días después del intercambio de las últimas notificaciones mediante las que las partes se comunican haber cumplido con los procedimientos previstos en sus respectivas legislaciones, dijo el director general de Rentas de Uruguay, Pablo Ferreri, en declaraciones al diario «El País».

El acuerdo, que establece las condiciones para el pedido y envío de datos tributarios sobre contribuyentes en el país vecino, fue firmado en abril de 2012 y aprobado primero por el Congreso argentino y luego, en diciembre, por el uruguayo. Ferreri recordó que sólo se podrá solicitar información correspondiente a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, es decir que no habrá «retroactividad» respecto de los datos pedidos.

El tratado generó críticas de empresarios y la oposición política de Uruguay que advierten el riesgo de que desaliente las inversiones argentinas en el país, importantes en el sector inmobiliario, en particular en el balneario de Punta del Este. También se estima que ciudadanos argentinos poseen más de 3.000 millones de dólares en depósitos en bancos locales.

Las autoridades uruguayas, con el presidente José Mujica a la cabeza, alegaron que firmar el acuerdo de intercambio de información con la Argentina era necesario para que el país se alinee con los estándares de transparencia y colaboración en el combate a la evasión tributaria internaque plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De hecho, esa organización lo planteó como imprescindible para no volver a caer en listas de paraísos fiscales como en la que estuvo incluido Uruguay en el pasado.

El intercambio de información con Uruguay no será automático. Cuando la AFIP requiera los datos (lo que se espera suceda con más frecuencia que en el caso inverso), la DGI uruguaya tendrá 60 días para comunicar que el pedido no está debidamente fundado o no cumple con los requisitos correspondientes. De lo contrario tendrá 90 días para enviar la información o justificar por qué no pudo hacerlo.

Desde Uruguay hicieron algunas aclaraciones sobre los alcances que tendrá el acuerdo. Entre ellas: 

La AFIP sólo podrá pedir datos por causas vinculadas a un proceso penal posteriores al 7 de febrero. No tendrán respuesta los pedidos de información que deriven de una causa administrativa, por ejemplo por la falta de pago de impuestos.

Si la AFIP requiere datos anteriores a la entrada en vigencia del tratado, deberá hacerlo directamente a la Justicia de uruguay y no a la DGI. 

Los pedidos del Fisco argentino deberán hacerse sobre períodos fiscales que inicien después del 7 de febrero. Esos períodos corresponden al cierre de los balances de empresas argentinas que tienen operaciones en Uruguay. La DGI no enviaría datos de una compañía que cierra su balance en marzo, por caso, porque estaría dando datos sobre un ejercicio fiscal que aún no terminó.  

La DGI responderá a los pedidos que haga la AFIP sobre datos bancarios, instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios, propiedad de sociedades, fideicomisos y fundaciones, entre otras entidades. En cambio, no estará obligada a hacerlo cuando se trate de propiedad de sociedades que cotizan en Bolsa o fondos o planes de inversión colectiva públicos.

Cuando la AFIP pida datos bancarios, la DGI solo enviará los montos de saldos de la cuenta. No informará sobre operaciones anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo.