La Corte Suprema de Justicia dio ayer un fuerte impulso a las acciones de clase colectivas, al afirmar que son «un gran aporte al diseño institucional del país porque son mecanismos que provee el Estado de Derecho para que la sociedad civil participe». El titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti, se pronunció sobre las bondades de este tipo de acciones durante una exposición sobre el fallo Halabi en la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
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Lorenzetti aseguró que esta figura legal facilita el acceso a la Justicia y alienta la participación ciudadana, ya que «si el ciudadano común participa en la vida del país, entonces hay más control, más debate, hay discusión y transparencia, menos oscilaciones pendulares y más equilibrio de fuerzas, menos decisiones centralizadas en un país con una larga tradición de decisiones centralizadas». En este sentido, ponderó las posibles derivaciones del reciente fallo Halabi, en el que el máximo tribunal creó la denominada «acción colectiva» dando por primera vez alcance general a una sentencia. Esta medida permite que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos que padecen el mismo problema, sin tener que iniciar un juicio, lo que también podría convertirse en un punto conflictivo para el Estado, en casos como la suba de tarifas.
Según el presidente de la Corte, «con las acciones colectivas hemos dado un enorme salto en el sistema legal, porque ahora tenemos acciones colectivas en el campo del derecho ambiental, en el del derecho de los consumidores y, a partir de Halabi en materia de derechos extrapatrimoniales».
La causa Halabi se inició por la demanda de un particular que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 25.873 y de su decreto reglamentario (1.563/04), porque consideraba que, al disponer la intervención de las comunicaciones sin determinar en qué casos y con qué justificativos, estas disposiciones violaban el derecho a la privacidad, en su condición de consumidor, y el derecho a la confidencialidad, en su condición de abogado.
Lorenzetti, sin embargo, también señaló que el sistema legal estaba aún «en transición». La acción de clase no está prevista en la legislación procesal. Lo que provoca un vacío legal sobre el que la Corte avanzó mediante una construcción jurisprudencial. El presidente del máximo tribunal destacó en este punto la necesidad de «ser cautos, por ejemplo, para preservar el derecho de la defensa en juicio y evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no tuvo la posibilidad de participar», y cerró su exposición advirtiendo que «en los países que tienen trayectoria en la materia hay cuidados rigurosos en materia de prueba y exigencias de la acción» para evitar este tipo de conflictos.
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